La justicia federal argentina reactivó una de las causas más sensibles de la gestión del ex presidente Alberto Fernández. La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó citar a indagatoria a 34 personas, entre ellas el expresidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” Duhalde, el periodista Horacio Verbitsky y el excanciller Jorge Taiana, por su participación en el denominado “Vacunatorio VIP”.
La causa
El escándalo, destapado en plena pandemia de Covid-19, sacudió al gobierno nacional de Fernández al revelarse que una decena de personas ajenas a los grupos de riesgo recibieron dosis de la vacuna Sputnik V cuando el stock era limitado y la población general aún esperaba su turno.
Las audiencias indagatorias comenzarán el próximo 2 de octubre y se extenderán hasta el 9 de diciembre, con el expresidente Duhalde citado en último lugar. Todos los citados deberán presentarse en los tribunales de Comodoro Py para dar explicaciones sobre cómo accedieron a las vacunas.
La decisión de la magistrada responde al pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien tras una larga investigación consideró que existen elementos suficientes para imputar a los vacunados como partícipes necesarios del delito de peculado.
El origen del escándalo
El caso se destapó en febrero de 2021, cuando una investigación periodística reveló que en el Ministerio de Salud y en el Hospital Posadas se estaba vacunando de manera reservada a personas que no figuraban entre el personal estratégico ni los grupos prioritarios definidos por las autoridades sanitarias.
La situación se hizo pública de manera contundente cuando el propio Verbitsky admitió en su programa radial cómo había conseguido la vacuna: “Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco de mucho antes que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. Y cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio”.
La confesión del reconocido periodista desató una crisis política inmediata. El entonces ministro de Salud, Ginés González García, presentó su renuncia días después, aunque su procesamiento fue confirmado posteriormente. El exministro falleció en octubre de 2024, a los 79 años, sin llegar a enfrentar el juicio oral.
La primera etapa del proceso
La causa se inició por una denuncia del fiscal federal Guillermo Marijuán y tuvo un primer tramo que investigó a los funcionarios que autorizaron la vacunación irregular.
En esa instancia fueron procesados el propio González García, el exsubsecretario de Estrategias Sanitarias Alejandro Costa, el exdirector ejecutivo del Hospital Posadas Alejandro Maceira y el exsecretario del ministro, Marcelo Guille.
Este grupo ya fue elevado a juicio oral y público, que quedó a cargo del Tribunal Oral Federal 6, aunque el tribunal tiene todos sus cargos vacantes.
Sin embargo, quedaba pendiente la situación de quienes recibieron las dosis. En julio de 2021, la jueza Capuchetti había resuelto en primera instancia que los vacunados no habían cometido delito, argumentando que se encontraban dentro del grupo considerado prioritario según la Resolución 2883/20.
Pero la Cámara Federal revocó esa decisión y ordenó profundizar la investigación sobre los beneficiarios de las dosis irregulares.
Una medida de la Corte Suprema podría beneficiar a los represores
La nueva etapa: los vacunados como partícipes
Cinco años después del estallido del escándalo, la Fiscalía pidió las indagatorias de quienes recibieron las vacunas en el Hospital Posadas o en el Ministerio de Salud.
El fiscal Taiano sostiene que “los vacunados contribuyeron de forma sustancial a la consumación de los hechos, al aceptar y recibir vacunas contra el COVID-19, pese a conocer que no integraban los grupos habilitados para acceder a ellas”.
El dictamen fiscal es contundente: “Mediante sus intervenciones, participaron en la disposición indebida de un recurso escaso, favoreciendo el agotamiento de las dosis disponibles y privando el acceso de las personas que, conforme a los criterios de prioridad vigentes, tenían un derecho preferente a su recepción”.
La acusación los imputa como partícipes necesarios del delito de peculado, que prevé penas de dos a diez años de prisión. El peculado se configura cuando un funcionario público se apropia, usa de forma indebida o desvía dinero, bienes o servicios del Estado que están bajo su control.
Los citados
La lista de convocados a indagatoria incluye a figuras políticas, empresarios, periodistas y familiares de funcionarios. Además de los Duhalde, Taiana y Verbitsky, fueron citados el exdiputado nacional Eduardo Valdés, el exintendente de Tres de Febrero Hugo Curto y su esposa Filomena Marta Burgos, el empresario Florencio Aldrey, del diario La Capital de Mar del Plata, y el publicista y dirigente peronista Jorge “Topo” Devoto.
También deberán declarar Patricia Alsua, esposa del entonces procurador del Tesoro Carlos Zannini; el fotógrafo presidencial Esteban Collazo, que formaba parte de la “burbuja sanitaria” de Alberto Fernández; el periodista Gabriel Michi; y el empresario Seza Manukian, de Mar del Plata. Se suman las hijas del expresidente Duhalde, María Eva y Juliana, así como su hermano Marcelo Jorge Duhalde. La lista se completa con otras personas vinculadas al entorno del Ministerio de Salud y del Hospital Posadas.
Un dato particular es que Duhalde y su esposa fueron vacunados a domicilio en su casa, junto con dos de sus hijas y su chofer, lo que agrava la situación procesal del expresidente. El fiscal considera que todos ellos sabían que no integraban los grupos habilitados para recibir la vacuna en ese momento.
El futuro del proceso
Cuando las indagatorias finalicen, la jueza Capuchetti quedará en condiciones de resolver si procesa, sobresee o dicta la falta de mérito para cada uno de los acusados, que presentan contextos y motivos distintos por los que fueron vacunados.
La decisión marcará un precedente importante sobre la responsabilidad penal de quienes se benefician de actos de corrupción, incluso cuando no son funcionarios públicos.
El caso del Vacunatorio VIP se ha convertido en un símbolo de la desigualdad durante la pandemia, cuando mientras la población general hacía largas colas para conseguir una dosis, un grupo privilegiado accedía a las vacunas por contactos personales. La causa judicial busca ahora determinar si esa conducta constituye un delito penal o si, como sostienen algunos defensores, se trató de una decisión sanitaria discutible pero no delictiva.
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