La Corte Suprema de Justicia aprobó la creación de un protocolo médico para analizar las condiciones de salud de personas que se encuentran en cárcel, una medida que podría beneficiar a los represores detenidos por los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar para obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.
La acordada 21/2026
A través de la Acordada 21/2026, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal del país encomendó al Cuerpo Médico Forense la confección de un “Protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en el establecimiento en el que se encuentran alojados”.
Según la resolución, el objetivo es “sistematizar los criterios” para que los magistrados puedan tener “mejores elementos de juicio al momento de decidir acerca de la procedencia de una prisión domiciliaria por razones de salud”.
Dicho protocolo deberá incluir un examen médico general de cada persona detenida; y una verificación de las “condiciones concretas de detención y de las posibilidades de tratamiento dentro del establecimiento”.
En la acordada, la Corte Suprema apeló a la Constitución Nacional, que establece que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”.
El beneficio a represores
La medida no dispone por sí misma el otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliaria para ningún detenido en particular, pero establece nuevos criterios para las evaluaciones médicas que pueden ser considerados por los magistrados al analizar este tipo de pedidos, habituales de los represores condenados por crímenes de lesa-humanidad.
Un matutino porteño deslizó incluso que la medida responde a reclamos de militares, agentes policiales y civiles detenidos con prisión preventiva en causas por los delitos cometidos en la última dictadura militar.
Muchos de ellos son mayores de 70 años y fueron condenados en los últimos 20 años, con los juicios por crímenes por la verdad que se pusieron en marcha tras una década y media de vigencia de las leyes de impunidad (Punto Final, Obediencia Debida y los indultos).
De acuerdo a datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, hay 519 personas investigadas en causas por delitos de lesa humanidad que se encuentran detenidas. De estas, 440 cuentan con arresto domiciliario; 18 se encuentran en el servicio penitenciario; y 61 están en la Unidad Penitenciaria N° 34 de Campo de Mayo.
Entre los nombres más resonantes que continúan en la cárcel, se encuentran Alfredo Astiz, conocido como “Ángel de la Muerte”; Jorge Eduardo “El Tigre” Acosta; y Christian Federico von Wernich, entre otros.
