Cuando el oficialismo parecía encaminarse a un cierre sin sobresaltos del debate presupuestario, un revés inesperado alteró el escenario: la imposibilidad de borrar del proyecto las leyes de emergencia en Discapacidad y de financiamiento universitario.
El episodio reabrió una discusión central para la Casa Rosada: cuánto cuestan realmente estas normas y si su impacto fiscal pone en jaque la bandera del déficit cero.
El Gobierno había intentado derogar ambos marcos legales en el texto del Presupuesto para despejar riesgos judiciales y fiscales. Sin embargo, más allá de que hoy no ejecuta plenamente esas leyes, los números difundidos por la Oficina del Presupuesto del Congreso de la Nación (OPC) muestran que los recursos necesarios no alcanzan magnitudes “inmanejables”, como sostiene el Ejecutivo.
El contraste se vuelve más evidente al observar que el propio Presupuesto 2026 convalida pérdidas de recaudación mucho mayores por decisiones impositivas: reducción del impuesto a las Ganancias para grandes empresas, baja de Bienes Personales, alivios en impuestos internos a la electrónica y automóviles, recortes de retenciones a ciertos granos, menor carga de contribuciones patronales, además de la eliminación del Impuesto PAIS y otros perdones fiscales.
Discapacidad: refuerzo acotado sobre el PBI
La ley de emergencia en Discapacidad, aprobada por amplia mayoría y luego insistida por el Congreso de la Nación tras el veto presidencial, prevé cambios en el acceso a beneficios, actualización de pensiones y mejoras arancelarias para prestadores.
Según la OPC, el número de beneficiarios podría aumentar entre 493 mil y 946 mil personas en distintos escenarios, lo que demandaría un refuerzo fiscal de entre $1,9 y $3,6 billones. En términos macro, equivale a entre 0,22% y 0,42% del PBI.
Ese cálculo incluye una compensación de emergencia para prestadores y partidas específicas para talleres de producción, dentro de una proyección basada en la inflación estimada por el propio Gobierno.
Universidades: recomposición con impacto limitado
En el caso del financiamiento universitario, la OPC estimó que la aplicación plena de la ley habría implicado para 2025 un costo de casi $2 billones, equivalente al 0,23% del PBI. Aunque el estudio se realizó para el ejercicio en curso, el organismo aclaró que extrapolarlo a 2026 no alteraría sustancialmente el resultado real.
La norma contempla recomposición de gastos de funcionamiento, actualización por IPC, recuperación salarial de docentes y no docentes y un mecanismo automático para becas estudiantiles, sin incorporar variables más volátiles como un aumento significativo de beneficiarios.
El trasfondo político es claro: las leyes fueron vetadas por el presidente Javier Milei, pero el Congreso ratificó su vigencia. Ahora, los números ponen en cuestión el argumento fiscal del Ejecutivo y reavivan una discusión que trasciende el Presupuesto: qué prioridades financia el Estado y cuáles decide postergar en nombre del equilibrio.