El Gobierno nacional avanza con una ambiciosa agenda de reformas en el ámbito judicial que incluye la cobertura de más de 300 vacantes de jueces nacionales y federales antes de que finalice el año y una modificación del régimen del Procurador General de la Nación para limitar la duración de su mandato.
La iniciativa, que ya comenzó a ser discutida en distintos ámbitos políticos y legislativos, apunta a transformar uno de los cargos de mayor influencia dentro del sistema judicial. Actualmente, el Procurador General ejerce funciones de manera vitalicia hasta cumplir los 75 años, al igual que los magistrados, pero la propuesta oficial plantea reemplazar ese esquema por un mandato limitado.
Aunque aún no existe una definición sobre su duración, el Gobierno evalúa alternativas que contemplan dos períodos consecutivos de cuatro, cinco o seis años.
La intención de modificar ese cargo cobra especial relevancia en el contexto de la implementación del sistema acusatorio, que otorga a los fiscales un rol central en la investigación de los delitos. Desde la Casa Rosada consideran que el Procurador concentrará un poder significativo por su capacidad para dirigir el Ministerio Público Fiscal y supervisar el accionar de los fiscales.
En paralelo, el oficialismo mantiene conversaciones con distintos sectores de la oposición para alcanzar consensos sobre una eventual designación del futuro Procurador General.
En ese marco, volvió a tomar fuerza un proyecto presentado por la senadora Carolina Moisés, que propone establecer un mandato de ocho años con posibilidad de una prórroga de cuatro más, manteniendo el requisito de los dos tercios del Senado para su designación.
Mientras tanto, el Ejecutivo también concentra sus esfuerzos en cubrir todas las vacantes existentes en la Justicia nacional y federal. El objetivo es enviar al Senado los pliegos correspondientes antes de fin de año y avanzar con su tratamiento de manera escalonada, incorporando entre 20 y 30 nombramientos por sesión legislativa.
Entre los cargos considerados estratégicos figuran las vacantes de la Cámara Federal porteña, los tribunales orales federales, la Cámara Federal de Casación Penal y varios juzgados de Comodoro Py. Con estas designaciones, el Gobierno aspira a consolidar una presencia significativa dentro del Poder Judicial mediante postulantes impulsados por la actual gestión.
En ese contexto también permanece abierta la discusión sobre las dos vacantes de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el presidente Javier Milei todavía no definió si impulsará los nombramientos durante el segundo semestre de este año o si postergará esa decisión para una etapa posterior de su mandato.
La renovación de la Cámara Federal es uno de los puntos que genera mayor expectativa en los tribunales, ya que de esa instancia dependen investigaciones de alto impacto institucional. Al mismo tiempo, dentro del Consejo de la Magistratura continúan los debates sobre eventuales cambios en los mecanismos de selección de magistrados y sobre la necesidad de introducir mayores estándares de transparencia y un nuevo Código de Ética para los jueces.
Con esta estrategia, el Gobierno busca avanzar en una profunda reconfiguración del sistema judicial argentino, combinando reformas institucionales con el nombramiento de nuevos magistrados en cargos considerados clave para el funcionamiento de la Justicia.
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