El Gobierno dijo que “está bajo análisis” la postura en el Comité de Descolonización de la ONU

El vocero Adrián Ravier aseguró que la Cancillería “está estudiando los pasos a seguir”, luego de que los Estados Unidos cuestionaran la existencia de ese organismo de las Naciones Unidas.

El Gobierno dijo que “está bajo análisis” la postura en el Comité de Descolonización de la ONU

El vocero presidencial, Adrián Ravier.

Apenas unas horas después de que Estados Unidos insinuara su intensión de disolver el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, el Gobierno salió a reconocer que “está bajo análisis” la postura que va a tomar con respecto a ese organismo, que es el principal órgano de reclamo de Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas.

El cambio de postura oficial

El vocero, Adrián Ravier, aseguró que la Cancillería está estudiando los pasos a seguir respecto de la posición en la ONU, luego de que Estados Unidos cuestionara la existencia del Comité de Descolonización del organismo internacional, foro donde cada año Argentina presenta su reclamo por la soberanía de Malvinas.

Durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el funcionario fue consultado por la iniciativa de la administración de Donald Trump, que cuestionó la continuidad del organismo por considerar que implica un “despilfarro de recursos”.

“Bueno, esto está bajo análisis hoy como para tomar una decisión final. No puedo hacerlo yo. Es algo que hablará seguramente el canciller Pablo Quirno, pero está en análisis”, respondió Quirno.

La definición abre una diferencia en la relación entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense, que hasta el momento habían mostrado coincidencias en asuntos centrales de política exterior, como el respaldo a Israel, la crítica a determinadas instituciones internacionales y la posición frente a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

¿Modificaciones en la Ley de Soberanía?

Sin embargo, lo que más llamó la atención, fue la decisión del oficialismo de postergar para la semana próxima un plenario de comisiones en el que se iba a tratar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. A las dificultades de LLA para reunir las firmas para el dictamen, por los cuestionamientos a la concentración de poder en el Consejo de Seguridad que crea y a los cambios en la legislación de Seguridad Interior, se sumó la presión de Estados Unidos por las eventuales sanciones a empresas de ese país.

Ocurre que las penalidades propuestas en el proyecto oficialista alcanzan no solo a las firmas que operan en Malvinas sino también a filiales, intermediarios financieros, accionistas y proveedores de las empresas implicadas, lo que toca intereses norteamericanos. “Solo a modo de ejemplo, si un poderoso fondo de inversión como BlackRock, con sede en Nueva York, tiene inversiones en una empresa que opera en el Atlántico Sur, puede ser sancionado con multas millonarias”, graficó un periodista de Clarín.

Presiones de Estados Unidos

La preocupación habría sido transmitida por la Casa Blanca en el reciente viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos. «Vemos que la ley va a afectar a empresas de Estados Unidos, estamos en contacto con ellas y han recibido notificaciones. Nuestro interés es que no sean afectadas», señalaron fuentes republicanas en Clarín.

Durante la conferencia, el propio vocero fue consultado sobre los reclamos de compañías y funcionarios estadounidenses por el alcance de Ley de Defensa de la Soberanía: si bien Ravier evitó confirmar si existió un pedido formal desde Washington, sí dejó abierta la posibilidad de que el texto tenga modificaciones durante el debate parlamentario.

“Como todo proyecto de ley, entra al Congreso a debatirse en un marco de democracia. Como siempre decimos, no tenemos legisladores propios suficientes para alcanzar una mayoría simple y que los proyectos sean aprobados, con lo cual todo proyecto de ley que ingresa es debatido, es dialogado. Eventualmente, puede tener o no modificaciones”, explicó diplomáticamente Ravier.

Lo cierto es que desde la prensa porteña ya adelantan que el oficialismo podría frenar el tratamiento de la iniciativa. “La Casa Blanca habría transmitido al Gobierno su deseo de trabajar sobre dos ejes para desandar ‘el malentendido’. El primero, que considera óptimo, es congelar el proyecto y que no se convierta en ley. La segunda opción es modificarlo, limitando el alcance de las sanciones, de manera que las empresas norteamericanas queden exentas. Aunque implicaría un costo político para la Casa Rosada que está subida hace unos meses al tema Malvinas”, publicó Clarín.

Por otra parte, Ravier sostuvo que la presentación de esa medida mantiene “sintonía” con el pedido de los Estados Unidos para eliminar el Comité de la ONU y negó, en cambio, que haya una contradicción entre ambas posturas.

Estados Unidos propuso disolver el Comité de Descolonización de la ONU

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