El Gobierno nacional oficializó este miércoles el veto total a la ley de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso a fines de agosto con impulso de bloques opositores. La medida quedó plasmada en el decreto 647/2025, publicado en el Boletín Oficial, y abre un nuevo capítulo de tensión con legisladores y el sistema universitario.
El texto firmado por el Poder Ejecutivo establece: “Devuélvase al Congreso de la Nación el proyecto de ley”, al considerar que la iniciativa “no cumple con los recaudos legales” y presenta serias deficiencias en su esquema de financiamiento.
Según el Gobierno, el artículo 9 de la norma, que habilitaba la readecuación de partidas presupuestarias y la utilización de ingresos adicionales para actualizar los fondos de las universidades al 1 de enero de 2025, resulta “manifiestamente insuficiente” y no constituye una fuente real de financiamiento.
El decreto también cuestiona que el Congreso haya invocado de manera incorrecta disposiciones de la Ley de Administración Financiera. En ese sentido, subraya que se utilizó el artículo 27, inciso 2.c), que regula criterios de elaboración de presupuestos prorrogados, en lugar del artículo 38, que corresponde a la autorización de mayores gastos durante la ejecución presupuestaria.
“La norma aborda los recursos de manera genérica, sin precisar montos concretos ni qué partidas deberían dejar de financiarse en caso de insuficiencia de ingresos”, indica el texto oficial.
Con esta decisión, el Gobierno ratifica su postura de no convalidar iniciativas que impliquen aumentos de gastos sin respaldo financiero, en línea con la estrategia de control fiscal que guiará la presentación del Presupuesto 2026, prevista para el próximo lunes.
El veto se suma a otros enfrentamientos recientes en torno al financiamiento de las universidades públicas, que ya habían declarado la emergencia salarial a raíz del deterioro de los haberes docentes y no docentes frente a la inflación. La medida promete reactivar los reclamos del sector y mantener abierto el conflicto político en el Congreso.
El Gobierno enfrenta un Congreso adverso en la pulseada por el Presupuesto 2026