El Gobierno nacional oficializó la suspensión del decreto que había desregulado el servicio de practicaje y pilotaje de buques, una medida que había desencadenado un conflicto con los profesionales del sector y provocado importantes demoras en la actividad portuaria y el comercio exterior.
La decisión quedó plasmada en el Decreto 716/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Alejandra Monteoliva y Federico Sturzenegger. La norma deja sin efecto, de manera transitoria, el Decreto 690/2026, que había sido dictado a fines de julio con el objetivo de desregular la actividad y fomentar una mayor competencia entre los prestadores del servicio.
La medida se conoció luego del entendimiento alcanzado entre el Gobierno y los prácticos, quienes habían iniciado medidas de fuerza que afectaron el funcionamiento de los principales puertos del país. El conflicto provocó la acumulación de embarcaciones, demoras en la navegación y sobrecostos para las empresas vinculadas al comercio exterior.
Como parte del acuerdo, los profesionales retomaron las tareas de asistencia a la navegación y aceptaron una reducción del 20% en las tarifas del servicio. A cambio, el Ejecutivo resolvió suspender la aplicación del esquema de desregulación y restablecer temporalmente el régimen normativo que estaba vigente antes de la reforma.
En los fundamentos del decreto, el Gobierno reconoció que las medidas de fuerza generaron una «situación excepcional» que comprometió el normal funcionamiento del sistema de practicaje y pilotaje, razón por la cual consideró necesario retrotraer la normativa mientras se busca una solución consensuada.
Además, la nueva disposición crea una Mesa de Trabajo en el ámbito del Ministerio de Seguridad Nacional. El espacio estará integrado por representantes de esa cartera, la Prefectura Naval Argentina, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) y referentes del sector, con el objetivo de elaborar un nuevo marco regulatorio para la actividad.
Asimismo, el Ministerio de Seguridad, la Prefectura Naval y la Anpyn quedaron facultados para adoptar las medidas necesarias que aseguren la continuidad del servicio y eviten nuevas interrupciones en la operatoria portuaria.
Con esta decisión, el Gobierno dio marcha atrás, al menos de forma temporal, con una de las reformas impulsadas para el sector y abrió una instancia de negociación destinada a consensuar nuevas reglas para el practicaje y pilotaje, luego de un conflicto que impactó de lleno en la logística y el comercio exterior argentino.
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