En lo que representa un golpe político y parlamentario para el Poder Ejecutivo, el oficialismo debió dar marcha atrás y retirar de forma definitiva el capítulo sobre la modificación de la Ley de Tierras del proyecto denominado de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. La decisión se tomó a horas de que el Senado reanude la sesión y tras intensas negociaciones contrarreloj lideradas por la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien admitió la falta de votos para aprobar la reforma ante el rechazo en cadena de gobernadores y senadores aliados.
El retroceso del oficialismo estuvo marcado por la pérdida de respaldo político, luego de que distintos sectores sociales y gobernadores como Rolando Figueroa (Neuquén) y Hugo Passalacqua (Misiones) expresaran su rechazo a la reforma. A esto se sumó la negativa de senadores de distintas bancadas, que dejó al Gobierno sin los votos necesarios en la Cámara Alta.
Qué buscaba cambiar el Gobierno
La discusión se centraba en la Ley de Tierras Rurales 26.737, sancionada en 2011, que establece un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental. La normativa también fija restricciones vinculadas a la concentración por nacionalidad y a la adquisición de determinados territorios, como zonas de frontera o tierras que contienen cuerpos de agua o recursos hídricos estratégicos
Según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales y relevamientos del Observatorio de Tierras, actualmente existen alrededor de 13 millones de hectáreas en manos extranjeras y más de 30 jurisdicciones subprovinciales que superan el límite establecido por la normativa vigente.
La reforma impulsada por el oficialismo buscaba modificar ese esquema y flexibilizar las restricciones para la compra de tierras por parte de capitales extranjeros. Desde el Gobierno sostenían que la medida podía favorecer la llegada de inversiones productivas, mientras que sus críticos advertían sobre una posible pérdida de control sobre territorios considerados estratégicos.
La voz de la resistencia: “Es un proyecto de entrega colonial”
Para Matías Oberlin —doctor en Historia, investigador del CONICET y fundador del Observatorio de Tierras, organismo que analiza la distribución y extranjerización de tierras rurales—, el repliegue del Gobierno es el resultado directo de la resistencia federal en las calles.
“El escenario es, primero, de un grado de conciencia importantísimo del pueblo argentino que salió en las calles y en todas las plazas, estuvo haciendo actividades de agite durante estas semanas en las redes sociales y se convocó a esta gran movilización, logrando realizar una presión enorme para que esto se caiga. Por lo tanto, habla del grado de conciencia respecto al problema central y al descrédito del Gobierno, que intentó llevar adelante un proyecto que todo el pueblo argentino entendió como un proyecto de entrega colonial”, aseveró Oberlin.
La alerta sigue encendida
Pese a la importante «victoria popular» que significó frenar la entrega de campos a capitales foráneos, el investigador advierte que la amenaza estructural de la normativa sigue vigente en el texto que se debatirá este jueves en el Congreso.
“Hay que señalar que la preocupación sigue siendo exactamente la misma que mientras estaba este capítulo de tierras, porque la ley es sumamente cruel. La ley habilita desalojos exprés, modifica la Ley de Manejo del Fuego, erosiona la capacidad del Estado de declarar algo de utilidad pública —o sea que no va a poder construir escuelas, rutas, hospitales— y todo esto pone en riesgo el país que queremos ser, el país soberano que queremos ser los argentinos”, remarcó el especialista del CONICET.
Mientras el Senado debatirá el resto del proyecto, organizaciones sociales y sectores opositores mantienen convocatorias para manifestarse en las calles contra la iniciativa.
“Mañana se convoca a todas las plazas del país para mantener y seguir haciendo crecer esta movilización en contra de la ley mal llamada de inviolabilidad privada, que era de extranjerización, desalojos y saqueo”, concluyó Oberlin. La convocatoria se realizará frente al Congreso y en distintos puntos del país, en rechazo a la iniciativa que continúa en debate en el Senado.
