En la antesala de una nueva marcha federal universitaria, el Gobierno nacional confirmó que abrirá una instancia de diálogo con rectores de distintas casas de estudio para debatir la distribución de recursos destinados a hospitales universitarios y reforzó su postura sobre la necesidad de transparentar el uso de los fondos públicos en el sistema educativo superior.
Desde el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, adelantaron que luego de la movilización se avanzará en la creación de una comisión integrada por universidades que poseen hospitales propios, con el objetivo de consensuar criterios objetivos para la asignación de partidas presupuestarias que, según denunciaron, históricamente se distribuían de manera discrecional.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sostuvo que el Gobierno busca implementar un sistema más transparente y eficiente, acompañado por la creación de una plataforma digital donde cualquier ciudadano pueda consultar el destino de los recursos asignados a las universidades públicas.
Según explicaron las autoridades, actualmente gran parte de la información del sistema universitario depende del Consejo Interuniversitario Nacional, lo que, aseguran, dificultó durante años el acceso público a los datos sobre financiamiento, rendimiento académico y costos por alumno.
En ese sentido, el funcionario remarcó que hacía tiempo no se realizaban análisis sobre el costo real por estudiante y por graduado, indicadores que consideran fundamentales para evaluar el funcionamiento del sistema universitario.
Durante la conferencia de prensa, Pettovello insistió en que el Ejecutivo no tiene intención de avanzar contra la universidad pública, sino de garantizar un uso “eficiente e inteligente” de los recursos estatales.
El Gobierno también volvió a cuestionar la ley de financiamiento universitario aprobada el año pasado y posteriormente vetada por el presidente Javier Milei. Álvarez argumentó que la norma perdió vigencia tras la aprobación del Presupuesto y aseguró que algunos de sus artículos implicarían incrementos salariales imposibles de afrontar en el actual contexto económico.
Además, desde la administración nacional señalaron que parte de la movilización universitaria tiene un trasfondo político y anticiparon que en la protesta participarán sectores opositores al oficialismo.
En relación con los hospitales universitarios, el Ejecutivo informó que durante abril se transfirieron más de 150 millones de pesos para su funcionamiento habitual, aunque no se giraron fondos extraordinarios que anteriormente se distribuían como refuerzo. La intención oficial es revisar ese esquema mediante acuerdos con todas las universidades involucradas y dejar atrás, según remarcaron, criterios basados en “lobby político”.
Otro de los puntos planteados por el Gobierno estuvo vinculado a la situación de los estudiantes extranjeros. Las autoridades cuestionaron que, pese a la habilitación legal vigente, ninguna universidad haya comenzado a cobrar matrícula a alumnos que no sean argentinos ni residentes permanentes. En ese marco, Álvarez mencionó particularmente el caso de la Facultad de Medicina de La Plata, donde aseguró que una parte significativa de la matrícula corresponde a estudiantes extranjeros.
De acuerdo con los datos oficiales difundidos por el Ejecutivo, actualmente existen más de 1,9 millones de estudiantes universitarios en todo el país, aunque menos de la mitad mantiene una condición académica regular.
Finalmente, Pettovello insistió en que el Gobierno pretende dar una “batalla cultural” para explicar a la ciudadanía cómo se utilizan los recursos destinados a la educación superior y reiteró que la administración nacional no busca cerrar universidades públicas, sino reformar los mecanismos de financiamiento y control.
Cortes y desvíos de tránsito por la Marcha Federal Universitaria