Los gobernadores provinciales condicionaron su apoyo al proyecto de ley de Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional a que se retiren las modificaciones sobre las prestaciones de discapacidad y el esquema de actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH). La postura fue unificada tras las reuniones que mantuvo el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con distintos mandatarios en la Casa Rosada durante las últimas horas. La medida busca evitar un impacto en las cuentas provinciales y el crecimiento del malestar social en sus jurisdicciones.
Rechazo unánime al traspaso de servicios
Las negociaciones encabezadas por la Casa Rosada no lograron reducir la tensión con las provincias aliadas y de la oposición. El malestar central radica en los artículos del Presupuesto que atentan contra la universalidad y el acceso a la atención médica. Fuentes de los sectores prestadores alertaron a las provincias que la Nación pretende transferir a las arcas subnacionales los costos de transporte y educación para personas con discapacidad.
Desde los ejecutivos provinciales cuestionaron la decisión y exigieron frenar las modificaciones. «A la cara la tenemos que poner nosotros, a las personas con discapacidad las tenemos que atender nosotros«, aseguraron fuentes de una gobernación a este medio.
Especialistas del sector salud señalaron que la gestión de estos rubros debe permanecer bajo el ámbito nacional, al menos dentro del área de Desarrollo Social, para garantizar la equidad del sistema en todo el territorio argentino.
Freno a los cambios en la asignación por hijo
Otro punto de quiebre en el debate presupuestario es la intención del Gobierno nacional de modificar la actualización automática de la AUH y de las asignaciones familiares que liquida la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). De aprobarse el texto actual sin reformas, los montos dejarán de ajustarse según la movilidad de las jubilaciones y pensiones para quedar a criterio directo de las decisiones del Poder Ejecutivo.
Los jefes provinciales remarcaron que la AUH constituye una política de Estado consolidada que no requiere modificaciones sin una propuesta superadora. Un mandatario provincial manifestó de forma explícita la postura del bloque: «¿Para qué cambiar algo que funciona? Si lo quieren hacer para mejor, que detallen cómo sería la actualización».
Exigencia de equilibrio social en el Congreso
El reclamo federal sumó volumen político con declaraciones de mandatarios del Norte Grande y de la Patagonia. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, advirtió que no acompañarán recortes que afecten a los sectores más vulnerables. “El equilibrio fiscal que tanto se defiende también tiene que ir acompañado de un equilibrio social. Los discapacitados no pueden ser tratados como una planilla de Excel”, afirmó Sáenz. El mandatario salteño sumó el respaldo de legisladores nacionales de su región para exigir reciprocidad en el debate de la norma.
En tanto, la Casa Rosada busca sumar apoyos parlamentarios no solo para la ley de leyes, sino también para impulsar la reforma política y la suspensión de las elecciones primarias. Sin embargo, referentes del propio oficialismo en el Senado reconocieron que no están los números holgados para convalidar estas modificaciones sin ceder en los reclamos sociales planteados por los gobernadores.
El Gobierno elimina artículos clave de la ley de discapacidad en el Presupuesto 2027