La situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa complicando la agenda política del Gobierno. Mientras el oficialismo intensifica las negociaciones para impedir que la oposición avance con un pedido de interpelación en el Congreso, el funcionario recibió nuevas denuncias judiciales por presunta falsedad ideológica vinculada con sus declaraciones juradas, que podrían acumularse con la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
La estrategia de la Casa Rosada se concentra en asegurar los votos necesarios para bloquear una eventual ofensiva legislativa, lo que llevó a postergar la búsqueda de consensos para otros proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo.
El oficialismo busca contener la crisis
Según trascendió, las negociaciones son encabezadas por la senadora Patricia Bullrich, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, quienes mantienen contactos con gobernadores y bloques aliados para sostener el respaldo al funcionario.
En ese marco, Santilli recibió al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, con quien abordó la reforma electoral que impulsa el presidente Javier Milei, aunque el encuentro también sirvió para evaluar el respaldo político del oficialismo frente a la presión opositora. Durante la jornada también estaban previstas reuniones con los gobernadores Marcelo Orrego, de San Juan, y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego.
Si bien en La Libertad Avanza se muestran optimistas respecto de evitar una interpelación, sectores del PRO y de la Unión Cívica Radical (UCR) analizan habilitar el debate en el Congreso, lo que mantiene abierta la incertidumbre sobre la sesión prevista para los próximos días.
La sesión que el Gobierno intenta frenar
En paralelo, el oficialismo avanza en conversaciones con los bloques dialoguistas para postergar la sesión prevista para el jueves y evitar que prospere el intento del peronismo de impulsar la interpelación de Adorni. La intención es ganar tiempo y desactivar el debate mientras continúan las negociaciones políticas.
Fuentes parlamentarias señalaron que el Gobierno confía en alcanzar un acuerdo para aplazar la sesión por una semana. Sin embargo, varios sectores dialoguistas advirtieron que solo aceptarían una demora acotada y que, si la situación del jefe de Gabinete no se resuelve, podrían acompañar tanto el pedido de interpelación como una eventual moción de censura.
El caso también alteró la agenda legislativa del Poder Ejecutivo. La búsqueda de acuerdos para avanzar con iniciativas oficiales quedó prácticamente paralizada, ya que las principales negociaciones se concentran en garantizar la continuidad política de Adorni.
La Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete puede ser interpelado como paso previo al tratamiento de una moción de censura. Para que esa medida prospere y derive en su remoción se requiere la mayoría absoluta de cualquiera de las dos cámaras: 129 diputados o 37 senadores. Desde la reforma constitucional de 1994, ese mecanismo nunca fue utilizado para destituir a un jefe de Gabinete.
Nuevas presentaciones judiciales
En paralelo, la Cámara Federal porteña recibió al menos tres denuncias contra Adorni por presunta falsedad ideológica en sus declaraciones juradas. Las presentaciones fueron impulsadas por diputados de la Coalición Cívica, por Ximena de Tezanos y por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático.
Los denunciantes sostienen que el funcionario habría consignado información patrimonial incompleta al momento de inscribirse como candidato, en contradicción con sus recientes declaraciones públicas, en las que reconoció haber mantenido ahorros no declarados y operaciones con criptoactivos por al menos US$ 500.000.
Las nuevas actuaciones quedaron radicadas inicialmente en el Juzgado Federal N.º 9, aunque fuentes judiciales anticipan que podrían unificarse con la causa por presunto enriquecimiento ilícito que ya se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py. De confirmarse esa acumulación, la Justicia analizará en un único expediente tanto la evolución patrimonial del funcionario como la veracidad de la información consignada en sus declaraciones juradas.
El Gobierno oficializó la flexibilización del trámite para designar jueces de la Corte Suprema