La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Gobierno nacional aplicar de manera “inmediata” la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), al rechazar la apelación presentada por el Poder Ejecutivo contra la medida cautelar dictada en diciembre de 2025.
El fallo confirma que el Estado debe cumplir con puntos centrales de la norma: la recomposición salarial de docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2025, y la actualización de becas estudiantiles, en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo en el sistema universitario.
Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán fueron contundentes al desestimar los argumentos oficiales, a los que calificaron de “poco serios”, y señalaron que no se logró demostrar que la medida afecte el interés público. Por el contrario, subrayaron que está en juego un derecho constitucional clave: la educación superior pública.
La resolución judicial llega luego de tres semanas de paro nacional universitario, con alto acatamiento en instituciones de todo el país, incluidas la Universidad Nacional de Córdoba y otras casas de estudio provinciales, donde la pérdida salarial y el ajuste presupuestario fueron ejes del reclamo.
El núcleo del conflicto: una ley vigente que no se aplicaba
La ley 27.795 había sido aprobada por el Congreso y ratificada tras el veto presidencial. Sin embargo, el Ejecutivo dictó el decreto 759/2025, que condicionó su aplicación a la existencia de financiamiento específico.
Ese punto fue clave en la disputa judicial. Para la Cámara, “no se admite suspender una ley vigente”, ya que el proceso legislativo se encontraba completamente agotado. En esa línea, los magistrados plantearon un interrogante central:
“¿Podría el Poder Ejecutivo sostener que la aplicación de una ley del Congreso se encuentra suspendida con sustento en otra ley anterior del propio Congreso?”.
“La respuesta sería negativa”.
El tribunal también hizo foco en el impacto concreto de la demora. Según el fallo, la situación salarial y presupuestaria genera un riesgo de perjuicios irreparables, especialmente por tratarse de ingresos de carácter alimentario.
“El juez de grado ha sustentado adecuadamente el perjuicio irreparable que sufriría la parte actora”.
Además, se remarcó que el costo fiscal de la medida es limitado —estimado en 0,23% del PBI—, lo que debilita el argumento del Gobierno sobre el equilibrio de las cuentas públicas.
El rol del sistema universitario y la presión institucional
El caso se originó a partir de un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional junto a más de 40 universidades públicas, que denunciaron el desfinanciamiento del sistema.
En primera instancia, el juez Enrique Cormick ya había señalado que existía una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico”, y calificó al decreto como arbitrario e ilegal. La Cámara ahora refuerza esa postura y mantiene la cautelar vigente mientras se resuelve el fondo de la cuestión: la validez del decreto presidencial.
Por el momento, el fallo obliga al Gobierno a avanzar de inmediato en la implementación de la ley, aunque en paralelo el oficialismo busca impulsar una nueva normativa que modifique el esquema actual y logre consenso en el Congreso.
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