Sin perder tiempo, luego de la asunción de sus nuevos integrantes el jueves pasado, la sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py volvió a entregar este lunes otro fallo favorable para el gobierno nacional: confirmó el sobreseimiento del ministro de Economía, Luis Caputo, en una causa por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública cuando fue Secretario de Finanzas de Mauricio Macri.
Ya el viernes pasado, apenas unas horas después de la asunción de los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola –quien apenas asumió se tomó licencia por una semana- en el cuerpo, la Cámara Federal porteña había fallado a favor de los intereses del gobierno de Javier Milei en otros dos casos claves, al ratificar la exclusión de los querellantes de la causa $Libra y cerrar el expediente que investigaba al expresidente Macri y a los actuales ministros Caputo y Federico Sturzenegger por las supuestas irregularidades en la tramitación del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) -el más grande en la historia del organismo- durante el gobierno de Cambiemos.
El nuevo fallo para Caputo
Esta vez, con el voto de Bertuzzi y Mariano Llorens -el tercer integrante del órgano-, la Cámara Federal absolvió a Caputo en una causa que investigaba su vínculo con sociedades off-shore mientras era ministro de Macri y en la que tenía un pedido de indagatoria pendiente por no presentar en su declaración jurada que recibió ingresos de una empresa que compró bonos del Estado nacional.
Los hechos se remontan a 2016, cuando Caputo era ministro de Finanzas del gobierno de Macri y la empresa Princess International Group compró US$ 494.702,56 en bonos del Estado argentino. Esa operación ocurrió mientras la compañía le pagaba en simultáneo a Caputo US$ 18.944 entre marzo de 2016 y abril de 2017 por servicios de asesoramiento, algo que el funcionario no declaró.
El fiscal del caso, Carlos Rívolo, había reclamado la indagatoria de Caputo bajo el argumento de que está probado que omitió declarar sociedades offshore que tuvo durante su actuación en ese Gobierno, le facturó “servicios profesionales” a la citada Princess Group y porque esa firma, bajo su asesoramiento, compró bonos del Tesoro Nacional emitidos en abril de 2016 (en cuya licitación Caputo participó directamente como secretario de Finanzas).
Sin embargo, Llorens y Bertuzzi se apresuraron a firmar este lunes su sobreseimiento, antes de que Yadarola se sume al tribunal.
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“Este fallo y los dos del viernes se emitieron en una ventana en la que Yadarola no participa todavía de las decisiones de la Cámara y en la que (el juez) Leopoldo Bruglia ya no integra el tribunal porque la llegada de Yadarola lo desplazó. Si Yadarola no se hubiera tomado licencia, estas decisiones se hubieran demorado porque él no conocía los casos ni participó de las audiencias en las que se trataron”, advirtió la periodista especialista en temas judiciales del diario La Nación, Paz Rodríguez Neil.
Si bien Bertuzzi y Yadarola juraron el jueves pasado en el cuerpo, el segundo se tomó inmediatamente licencia hasta el próximo miércoles. Ambas designaciones fueron impulsadas por los hermanos Milei, bajo el asesoramiento del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Los argumentos del fallo
«No se observa un actuar delictual doloso por parte del funcionario público denunciado en perjuicio de la administración pública. Tampoco se avisora la pertinencia de nuevas medidas probatorias, por lo cual se advierte también atinado el cierre de la pesquisa y la desvinculación definitiva de Luis Caputo», sostuvieron Llorens y Bertuzzi en su resolución del caso.
Vale recordar que la investigación se inició por el escándalo internacional de los «Paradise Papers», una filtración de información de los estudios de abogados “Appleby” y “Asiaciti Trust” sobre sociedades offshore, que descubrió múltiples nexos de Caputo y el Gobierno de Macri con empresas offshore en el extranjero.
Cuando Caputo asumió en 2015 como secretario de Finanzas no incluyó en su declaración jurada su participación en «Noctua Partners LLC», que administraba fondos de inversión en Miami, a través de “Alto Global Master Fund, LP”. En esa última compañía Caputo era gerente de cartera. Ya como funcionario de Macri, Princess International Group -accionista de Noctua- compró los citados bonos del Estado, emitidos por Caputo.
«Mientras el nombrado participaba de la emisión de dichos bonos como secretario de Finanzas de la Nación, paralelamente facturaba a través de L.C. servicios de asesoramiento financiero a Noctua, que adquirió esos bonos en cuya emisión participó a título personal, y que en definitiva le generaron una ganancia a quien asumió el control de la compañía, que era nada más y nada menos que su hermano», sostuvo la Fiscalía, en referencia a Flavio Caputo, hermano del actual ministro.
El juez federal Julián Ercolini sobreseyó en diciembre del año pasado a Caputo, bajo el argumento de que si bien el funcionario no declaró esas empresas, luego sí lo aclaró ante un requerimiento de la Oficina Anticorrupción (OA), cuando el escándalo ya se había desatado.
La apelación del fiscal
El fiscal Rívolo había pedido la indagatoria de Caputo por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y uso de información privilegiada. Tras el sobreseimiento de Ercolini, apeló la medida para que el fallo sea revisado por la Cámara Federal, bajo el argumento de que el cierra era «prematuro» y evidenciaba una errónea valoración de la prueba porque las omisiones en su declaración jurada fueron «deliberadas», ya que no permitieron un control ante una eventual incompatibilidad de tareas.
El fiscal sostuvo incluso que Caputo no solo asesoraba al fondo Noctua Asset Management en materia de inversiones y facturaba por la tarea a través de la sociedad L.C Advisors, sino que además “fue dueño indirecto” de todo ese conglomerado empresario a través de la sociedad Princess International Group, con lo que se beneficiaba directamente de todo el proceso.
“Los documentos de Caimán y del New York Mellon demuestran con toda claridad que Luis Andrés Caputo fue titular de Princess desde su creación hasta al menos el 30 de junio de 2016″; que Princess era dueña indirecta de Noctua International, que a través de Noctua Asset Management compró los bonos del Tesoro Nacional emitidos en abril de 2016 por resolución 146/16, en cuya licitación participó directamente Caputo como secretario de Finanzas, argumentó Rívolo en su apelación. Además, sostuvo que Caputo facturó a Noctua International, a través de L.C., sus servicios de asesoramiento financiero, hasta al menos abril de 2017.
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El archivo de la causa
Sin embargo, Llorens y Bertuzzi desestimaron todos los argumentos del fiscal Rívolo y ratificaron el sobreseimiento de Caputo, bajo el argumento de que «la omisión punible debe ser maliciosa» y que eso «no logra ser demostrado por el titular de la acción penal«.
No está mal recordar que Bertuzzi ingresó originalmente a la Cámara Federal designado a dedo por Macri en 2018, sin concursar para el puesto. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia consideró que esa designación era inconstitucional, en un fallo de 2021, lo que obligó a Bertuzzi a volver a concursar para estar en el estratégico cuerpo, adonde llegan todas las causas por corrupción pública.
Sin embargo, en el concurso Bertuzzi quedó en el puesto 21, pero el Consejo de la Magistratura lo ayudó a entrar en la terna, de la que fue elegido por el presidente Milei en pleno plan de colonización de los tribunales, guiado por el ministro de Justicia Mahiques, que también sumó a Yadarola –su amigo personal, conocido por haber participado del viaje a Lago Escondido- en la terna.
Por su parte, Llorens se hizo conocido en su momento por otro escándalo cuando en 2021 fue denunciado por haber mantenido numerosos encuentros con Macri cuando era Presidente. Esos encuentros habían sido gestionados nada menos que por el propio Mahiques, hoy ministro de Justicia, que entonces representaba al mandatario de Cambiemos ante el Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura.
Con el fallo de la flamante Sala I, el fiscal de la Cámara, José Luis Agüero Iturbe, quedó en condiciones de apelarlo para que sea revisado por la Cámara Federal de Casación Penal.