En una jornada marcada por intensos debates, el Senado de la Nación otorgó media sanción al proyecto de reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa, impulsada por la gestión de Javier Milei, obtuvo 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención, logrando así su paso a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.
La votación de los tres senadores que representan a la provincia de Córdoba reflejó la división que atravesó a todo el recinto:
- Luis Alfredo Juez (Frente Cívico de Córdoba): Se pronunció a favor del proyecto oficialista.
- Carmen Álvarez Rivero (La Libertad Avanza): También votó de manera afirmativa, respaldando la iniciativa del Ejecutivo.
- Alejandra María Vigo (Partido Unidad): Integró el bloque que votó por el rechazo a las modificaciones de la ley.
Ejes de la reforma y posturas enfrentadas
El proyecto de reforma a la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir la explotación económica en determinadas áreas periglaciares que actualmente están blindadas e inhabilitadas para actividades extractivistas e industriales.
La iniciativa oficial introduce una precisión al hablar de las “formas periglaciares”, y alienta a distinguir entre aquellas que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” de aquellas que no necesariamente cumplen dicha finalidad y son aptas para la utilización económica.
Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable. La normativa actual, que data del 2010, protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares que están constituidas por una mezcla suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos.
El proyecto crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya confección y funcionamiento estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con la coordinación de la Secretaría de Energía, que es la autoridad de aplicación.
Desde el oficialismo se sostiene que esta reforma permitirá dinamizar inversiones estimadas en más de 40.000 millones de dólares y otorgará mayor potestad a las provincias para definir la protección ambiental en sus territorios. En contrapartida, diversas organizaciones ecologistas y sectores de la oposición advierten que la medida pone en grave riesgo las reservas estratégicas de agua dulce, fundamentales para la supervivencia humana y la investigación científica.
Tras obtener este respaldo en la Cámara Alta, el debate se trasladará ahora a Diputados, donde el oficialismo espera convertir el proyecto en ley para redefinir el alcance de las zonas protegidas en todo el país.
La Cámara de Senadores aprobó la reforma a la ley de Glaciares