El Gobierno reglamentó el Presupuesto 2026 y endureció los controles sobre cargos públicos

La distribución de fondos quedó oficializada con nuevas exigencias para cubrir vacantes.

Presupuesto 2026

La decisión administrativa fija límites y controles para gastos y designaciones.

El Gobierno nacional oficializó este martes la distribución de las partidas del Presupuesto 2026 y estableció nuevas reglas para el manejo de fondos y la designación de cargos públicos en todos los organismos del Estado.

La medida quedó formalizada a través de la decisión administrativa 1/2026, firmada por Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Ministros, y Luis Caputo, ministro de Economía, y publicada en el Boletín Oficial. El texto detalla la asignación de recursos y cargos, tanto para gastos corrientes como de capital.

Más control sobre partidas y programas

La norma dispone que el jefe de Gabinete de Ministros podrá desagregar los créditos presupuestarios al nivel más bajo, por programas y categorías, con el objetivo de reforzar el control sobre la ejecución del gasto en cada área del Estado.

Nuevas condiciones para cubrir vacantes

Entre los principales cambios, se fijaron restricciones para la cobertura de cargos. Los organismos deberán certificar que las vacantes existen y que cuentan con financiamiento asignado. Además, los movimientos en cargos ejecutivos requerirán la intervención previa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, y de la Secretaría de Hacienda, que integra el Ministerio de Economía.

Informes trimestrales y gastos sensibles

La decisión también obliga a los organismos a informar trimestralmente a Hacienda la evolución de su dotación de personal y contrataciones. Cualquier modificación estructural deberá estar acompañada por un informe de costos y fuentes de financiamiento.

En el caso de las jurisdicciones con gastos de inteligencia, se exigirá autorización expresa de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para movilizar fondos o alterar planes presupuestarios. Para compras de bienes de uso u obras públicas, será obligatorio contar con un dictamen técnico favorable de la Dirección Nacional de Inversión Pública.

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