En plena feria judicial, el juez federal de Zárate-Campana Adrián González Charvay recordó al Gobierno nacional que la Ley de Emergencia en Discapacidad deberá estar en plena ejecución el próximo 4 de febrero, fecha establecida en una resolución dictada el 18 de diciembre pasado. Además, intimó al Poder Ejecutivo a acreditar el avance en la implementación de la norma en un plazo de cinco días hábiles, bajo apercibimiento.
El magistrado aclaró que la obligación rige independientemente de la apelación presentada por la Casa Rosada ante la Cámara Federal de San Martín, que aún debe expedirse.
Decreto invalidado y advertencia de sanciones
En resoluciones previas, González Charvay declaró la invalidez del artículo 2 del decreto 681/2025, mediante el cual el Gobierno había suspendido la aplicación de la ley sancionada por el Congreso. Según el fallo, el Ejecutivo incurrió en una transgresión a las facultades constitucionales, ya que está obligado a promulgar y ejecutar las leyes ratificadas por el Poder Legislativo.
A comienzos de diciembre, el juez también advirtió que podría imponer multas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, si no se iniciaba la puesta en marcha efectiva del régimen.
Argumentos oficiales cuestionados
El Gobierno había justificado la suspensión de la norma al señalar que su implementación ponía en riesgo el objetivo de déficit fiscal cero. Sin embargo, un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso de la Nación (OPC) relativizó ese argumento al estimar que el impacto fiscal de la ley oscilaría entre 0,22% y 0,42% del Producto Bruto Interno, cifras consideradas manejables frente a otras decisiones tributarias incluidas en el Presupuesto 2026.
El organismo señaló que el eventual aumento de beneficiarios no implicaría un desbalance de magnitud comparable con las pérdidas de recaudación derivadas de reducciones impositivas y beneficios fiscales aprobados recientemente.
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