El futuro del proyecto sobre Defensa de la Soberanía Nacional de las Islas Malvinas, que nació como caballito de batalla de la incipiente campaña electoral para la reelección de Javier Milei en 2027, quedó envuelto en un manto de dudas luego de la visita al país del subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, quien en su breve gira de la semana pasada ratificó públicamente la oposición de Washington al incremento de las sanciones contra las empresas petroleras que operan en el archipiélago porque podría afectar intereses norteamericanos. Este martes habrá una sesión clave en la Cámara de Diputados para conocer el futuro de la mega norma.
Las presiones de EE.UU.
Ocurre que la misión relámpago protagonizada por el segundo del Secretario de Estado norteamericano, Marcos Rubio, dejó en claro al presidente Milei la voluntad del gobierno de Donald Trump de modificar el contenido de la iniciativa, al menos en lo referido a las sanciones que dispone para empresas que operen en Malvinas y su alcance a otras firmas que intervengan en el circuito productivo de estos emprendimientos.
El propio Landau, en conferencia de prensa en Buenos Aires, blanqueó la existencia de cuestionamientos a la iniciativa, al aseverar que “nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso, pero quiero destacar que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”, completó con ironía indisimulada.
Esa misma noche, repitió los conceptos más en confianza en la cena organizada por el embajador Peter Lamelas con algunos ministros y a la que invitaron a representantes del Senado, como Patricia Bullrich, y de Diputados, como Martín Menem.
Según los trascendidos, los principales reparos del gobierno de Trump tienen que ver con la poca precisión de las penalidades que dispone el proyecto no sólo para las empresas que operen en el mar circundante a Malvinas sin la autorización de Argentina, sino también sobre las firmas, filiales, intermediarios financieros, accionistas y proveedores que tienen vínculos con actividades en el Atlántico Sur.
En consecuencia, el principal reclamo presentado al Gobierno y sus espadas legislativas es que se delimite “correctamente” los tipos penales en la iniciativa. A la vez, solicitaron que se disponga de algún mecanismo para que empresas o proveedores que ya se encuentran operando en las islas, puedan retirarse de esos emprendimientos productivos para iniciar otros con Argentina sin violar la legislación. Una especie de cláusula de “desinversión” se diría que permita a los interesados elegir entre Argentina o Malvinas a la hora de encarar un proyecto de inversión.
Tanto el Ejecutivo como los bloques del oficialismo en el Congreso habrían accedido a acotar y precisar la redacción de los artículos objetados, al punto que analiza excluir la aplicación de sanciones a las empresas que mantengan vínculos comerciales o societarios indirectos con las firmas que operan de forma ilegal en Malvinas.
La cumbre con los legisladores
Los cambios se terminaron de afinar en una reunión que los principales voceros del Ejecutivo -como Santiago Caputo y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, los autores intelectuales del proyecto- mantuvieron el viernes pasado con diputados nacionales de distintos partidos como el PRO, el MID e incluso del Partido Justicialista (PJ).
Allí no sólo transmitieron los cambios solicitados por los enviados de Trump, sino que también habrían aceptado las exigencias y modificaciones impulsadas por los bloques aliados e incluso algunos opositores al proyecto, con el objetivo de conseguir los votos y aprobarlo en el recinto.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, informó al otro día que en el encuentro recibieron los aportes presentados por los diputados del PRO, del MID e incluso del peronismo, y aseguró que «esperamos que la semana que viene haya dictamen favorable del proyecto para poder ir al recinto lo antes posible, ya que esta Ley es fundamental para ejercer presión para defender nuestros derechos».
La sesión de comisión
La carrera por el tratamiento del proyecto viene frenada por el propio oficialismo, a la espera de la gira de los enviados norteamericanos. El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se postergó para este martes 27, donde el oficialismo espera terminar de cerrar los cambios para conseguir dictamen a la nueva iniciativa, que todos descuentan será modificada.
La máxima aspiración del Ejecutivo es cerrar este mismo martes el dictamen y enviarlo al recinto de la Cámara baja para que lo trate este miércoles 28 de octubre, la última fecha libre que aparece en el calendario para aprobarlo, aunque parece difícil de lograr.
Otros cambios en agenda
Ocurre que los límites a la extensión de las penalidades solicitados por Estados Unidos no son los únicos cambios que debería admitir el oficialismo para lograr la aprobación de la iniciativa.
Los cuestionamientos opositores están centrados más bien en otros puntos poco claros de la ley: sobre todo, la creación de un flamante Consejo de Seguridad Nacional compuesto exclusivamente por miembros del Ejecutivo, con potestad para dictar normas, medidas y sancionar a quienes considere que las incumple por afuera del sistema judicial, además del establecimiento de nuevas figuras penales.
“Caputo habría aceptado todas las exigencias de los dialoguistas, aunque la redacción final se definirá en la reunión del martes. Y en este sentido hubo cambios que llamaron la atención como la incorporación del Ministerio de Seguridad al proyectado Consejo de Seguridad como miembro permanente. De esta manera se intenta que cada organismo tenga su rol claro y no haya superposiciones entre Fuerzas Armadas, seguridad interior y Consejo”, anticipó el periodista Gustavo Barón en Clarín.
Milei celebró el informe de The Jerusalem Post sobre el supuesto respaldo de Israel por Malvinas
Según el diario porteño, otro cambio que estaría dispuesto a aceptar el Gobierno es la creación de una comisión bicameral de seguimiento y control del Consejo de Seguridad, aunque la propuesta no había conformado al arco opositor, que denuncia la tremenda concentración de poder que dispone la iniciativa en el flamante organismo.
El matutino indicó que la Casa Rosada también aceptó modificar el polémico artículo 111 que prevé penas que van de los 5 a los 15 años de prisión para quienes, “actuando por cuenta, orden o financiamiento de un Estado o agente extranjero”, realicen actividades que procuren “alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”«.
“En principio, se va a definir una figura penal más sólida, excluyendo explícitamente la actividad periodística, académica y el debate público”, anticipó Gustavo Barón, que recordó las quejas de las asociaciones de prensa por la ambigüedad y amplitud de conceptos como «desinformación» o «manipular la opinión pública».
Por lo demás, el Gobierno también haría lugar a reclamos sobre la discrecionalidad que el proyecto permite para ordenar el derribo de aviones o el hundimiento de buques que el Gobierno argentino pueda considerar hostiles, ya que deposita esa potestad exclusivamente en el Consejo de Seguridad. Ahora, el oficialismo habría admitido que tales acciones requieran obligatoriamente la autorización del Congreso.
Las principales dudas estaban depositadas en las llamadas “infraestructuras críticas”, cuya protección en el proyecto original habilitarían la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna -algo expresamente prohibido por la Ley de Seguridad Interior (24.059)- a discreción del Ejecutivo nacional. “El Gobierno analiza redefinir el texto. En el original se hace referencia a aquellas instalaciones, redes, sistemas, servicios y activos, tanto públicos como privados, cuya interrupción o destrucción pueda afectar de manera significativa la seguridad, la defensa, la salud, la economía, los servicios esenciales o el funcionamiento del Estado”, anticipó Clarín.
La interna del Gobierno
Lo cierto es también que, de fondo, la iniciativa reabrió las disputas internas del Gobierno, ya que la posibilidad de dar marcha atrás con el proyecto ante las presiones norteamericanas reavivó las disputas entre el sector que comanda Santiago Caputo –autor de la iniciativa- y el que sigue a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
El riesgo de fondo es que el presidente Milei quede entrampado, por enésima vez, en su propia retórica patriotera, lo que podría terminar jugándole en contra: con la oposición exigiéndole aumentar las sanciones a las empresas que operen en Malvinas y denunciando las contradicciones entre su retórica electoral y sus acciones reales, mientras el gobierno de Trump mira con lupa los movimientos de su discípulo, con la amenaza siempre latente de retirarle respaldo político o económico de cara a 2027.
No por casualidad, el mismo día en que sus enviados reafirmaban públicamente su respaldo a Argentina, el presidente Trump conversó telefónicamente el viernes pasado dos veces con el primer ministro británico, Andy Burnham, quien le transmitió la importancia de respetar el derecho de los isleños a desarrollar sus recursos naturales y le expuso las consecuencias económicas de las medidas legales impulsadas por Argentina.
Por eso, la intensión del oficialismo es apurar la aprobación cuanto antes, aunque todo indica que la ley que saldrá finalmente del Parlamento será muy distinta a la imaginada originalmente por Caputo y la anunciada en cadena nacional por Milei.
El gobierno de Trump blanqueó la preocupación de sus empresas por la «Ley Malvinas»