El Gobierno protagonizó un nuevo escándalo en medio de la disputa con las universidades públicas por el recorte de fondos. Esta vez, la economista Alicia Caballero renunció ayer a su cargo como presidenta del principal organismo de financiamiento del sistema científico argentino, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I).
La renuncia ocurre luego de que un matutino porteño revelara que el organismo retiene sin ejecutar US$ 53.000.000 provenientes de préstamos de organismos multilaterales para el desarrollo de proyectos científicos. La pesquisa reveló que por cada dólar ejecutado en 2024, US$ 3,93 de los fondos otorgados por diferentes organismo a la investigación científica permanecen en las cuentas bancarias para engrosar los fondos del Tesoro Nacional, mientras los científicos viven una parálisis nunca antes vista.
La investigación desarmó el argumento de que “no hay plata”, evidenciando que el financiamiento existe y está disponible para su uso, pero la agencia I+D+I no los ejecuta. Es más, si el organismo ejecutara los pagos a los proyectos científicos acordados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), podrían habilitarse nuevos desembolsos para impulsar el desarrollo científico. Pero de fondo del escándalo planea también la interna libertaria, ya que Caballero venía del riñón del ex jefe de Gabinete Nicolás Posse, echado en mayo pasado.
Por otro lado, el rector de la Universidad de San Luis, Víctor Moriñigo, salió a responder las acusaciones del secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien aseguró que las casas de estudios “inventan alumnos” para obtener mayor presupuesto. “No existen estudiantes inventados”, aclaró Moriñigo, quien aseveró que “a diez meses de gestión del secretario de Educación ya es grave el desconocimiento que tienen sobre el sistema universitario público de educación superior”.