El próximo martes comenzará la constitución de las comisiones para tratar, en el periodo de sesiones extraordinarias, las dos leyes que impulsa la gestión del presidente Javier Milei: el Proyecto de Modernización Laboral y la Ley Penal Juvenil (baja de imputabilidad).
Luego de que el tratamiento de la reforma laboral se haya traspasado para este año, finalmente, el debate comenzará en el Senado de la Nación y está programado para iniciarse este 11 de febrero.
La Libertad Avanza (LLA) se encuentra en un contexto de negociación y busca consensos con los bloques “dialoguistas” como son el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC), aún después de las reuniones que mantuvo el ministro del Interior, Diego Santilli, con los gobernadores, durante estos útlimos meses.
Los ejes principales que presenta esta iniciativa se concentran en buscar una revisión integral del marco laboral actual y pretenden modificar las indemnizaciones; crear un “Fondo de Cese Laboral” mediante convenios colectivos; reducir contribuciones en las cargas patronales para fomentar la contratación formal; introducir la figura de “Colaborador Independiente”, bajo un régimen de autonomía sin relación de dependencia tradicional”.
También se incorpora un “Banco de Horas” como un nuevo sistema de flexibilidad horaria que permite compensar excesos de jornada en días posteriores, en lugar de abonar horas extras.
En contraposición, los sindicatos manifestaron un fuerte rechazo, debido a que consideran que este proyecto “no sólo no genera puestos de trabajo, sino que impulsa la pérdida de derechos adquiridos”. Paralelamente, realizaron convocatorias para llevar adelante movilizaciones frente al Congreso desde este martes.
Por otra parte, el proyecto de Ley Penal Juvenil, que busca bajar la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 13 años, propone un régimen especial con medidas ‘socioeducativas y penas alternativas’ y deja de lado la condena de reclusión perpetua y pretende fijar un máximo de 20 años de condena para menores.
Sin embargo, se presume que los adolescentes de 14 años, o más, que comenten delitos graves, podrían ser sometidos a penas similares a las de personas adultas, con penas máximas de 15 años o más, con la excepción de permanecer en cárceles comunes.
Para delitos con penas menores a 3 años, o hasta 10 años sin violencia grave, se priorizan medidas con un enfoque social y educativo, con la posibilidad de otorgarle libertad asistida y realizar tareas comunitarias, en lugar de prisión efectiva.
Según LLA, esta iniciativa pretende terminar con la “puerta giratoria” y condenar delitos cometidos por menores de 16 años que, actualmente, mantienen impunidad con la ley vigente (22.278).
