El Tribunal Oral Federal N° 2 presentó ayer los fundamentos de su veredicto en la causa Vialidad, por la que condenó a la vicepresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en diciembre pasado por encontrarla culpable de encabezar un “plan criminal” para desviar obra pública a favor del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz durante sus mandatos.
“La política pública que su Gobierno pregonaba presagiando un beneficio sin precedentes para la extensa provincia patagónica en verdad escondía, cual caballo de Troya, al presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal”, afirman los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu a lo largo de 1.616 páginas para justificar la condena contra la vicemandataria.
De acuerdo al tribunal, hubo “manifiesta connivencia y protección de cuanto organismo estatal fuese necesario para garantizar la plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro Báez” en la provincia patagónica. Si bien los jueces concluyeron que se probó el delito de “administración fraudulenta”, no lograron acordar sobre la figura de “asociación ilícita”, tal como reclamo el fiscal Diego Luciani. Ocurre que tanto Gorini como Gimenez Uriburu señalaron que esa acusación “parte de una hipótesis equivocada” y concluyeron que no se pudo probar por la “pluralidad de planes delictivos indeterminados”.
“Podemos afirmar que mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal para habilitar una respuesta punitiva”, remarcaron los jueces.
Otro punto clave de la sentencia es que los magistrados dieron por probada una reunión realizada en Santa Cruz poco después de las elecciones en las que Mauricio Macri fue electo Presidente. Allí, según el fallo, Cristina -quien siempre negó haber asistido- se habría reunido con Báez, Julio Mendoza, José López y “en menor medida, Nelson Guillermo Periotti y José Raúl Santibáñez”. El objetivo habría sido desmantelar las operaciones, según el fallo del tribunal: “Coordinaron e implementaron el cese ejecutivo de la maniobra criminal”, concluyeron los jueces.
La evidencia “ha demostrado que durante ese período las obras viales licitadas en esa provincia fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al imputado Lázaro Antonio Báez, grupo cuya conformación y crecimiento económico exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción”, sostiene el fallo, que sin embargo admite que “aquellos procesos fueron llevados a cabo, en su mayoría, por la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz”.
Respuesta a la acusación de “lawfare”
Los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 respondieron en su fallo a las acusaciones del kirchnerismo de “lawfare” (guerra judicial) contra la vicepresidenta Cristina Kirchner durante el juicio en su contra.
“Es una coartada para eludir, ante los poderes judiciales democráticos, la rendición de cuentas por la comisión de delitos de corrupción”, sostuvieron Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, que no hicieron referencia a sus supuestos vínculos con el ex presidente Mauricio Macri.
Por su parte, la defensa de la Vicepresidenta ya trabaja en la apelación de la sentencia y el eje estará puesto en plantear que el TOF 2 “no expuso pruebas directas (que involucraran a la ex mandataria en un ilícito) sino que recurrió a una construcción basada en supuestos indicios” para justificar la condena.
“El propio Tribunal comienza la valoración de la prueba con la aclaración de que no tiene prueba directa, pero que condenará por supuestos indicios”, sostuvieron sus defensores, que también cuestionaron la utilización de los mensajes de WhatsApp extraídos del teléfono celular del exministro de Obras Públicas, José López, para establecer vínculos de la ex presidenta con los movimientos de las empresas de Báez. Los abogados señalan que el TOF 2 nunca citó a quienes mantuvieron las comunicaciones con López para que las explicaran.
El oficialismo reiteró su denuncia de “proscripción”
Pese a las fuertes internas que dividen al espacio, las principales figuras del Frente de Todos (FdT) salieron a respaldar ayer a la vicepresidenta Cristina Kirchner y denunciar la condena en su contra en la causa Vialidad como un intento de “proscripción”, mientras se espera un discurso de la propia Vicepresidenta hoy en Río Negro.
El propio presidente Alberto Fernández “sigue sosteniendo la inocencia de la Vicepresidenta y cree que uno de nuestros temas centrales tiene que ser defender su inocencia”, sostuvo la vocera Gabriela Cerruti.
“La causa Vialidad fue armada y direccionada con un único objetivo: condenar a Cristina Kirchner”, agregó el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, mientras el canciller Santiago Cafiero alertó que “con los fundamentos de la condena comienza el camino formal hacia la proscripción de la compañera Cristina Kirchner”.
“Hoy para nosotros es otro día de persecución”, sentenció el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, quien manifestó que “cada año electoral hay sectores de la justicia que se ponen a hacer campaña y reemplazan el Código Penal por el Código Electoral”.