A pesar de la férrea resistencia de los gremios estatales cordobeses que esta semana realizarán una serie de protestas, el gobernador Martín Llaryora se muestra decidido a avanzar con la implementación de una serie de reformas en áreas claves de su administración tales como salud y educación.
Tras haber logrado a fines de 2023 la aprobación en la Legislatura provincial del aumento de los aportes personales a la Caja de Jubilaciones y Apross, el paso siguiente anunciado el jueves último consistió en la puesta en marcha, por parte de la cartera sanitaria que lidera Ricardo Pieckenstainer, de un nuevo «mecanismo de evaluación de desempeño» en los hospitales.
El objetivo es «hacer eficientes los recursos humanos de los equipos de salud» para «mejorar el acceso a la salud de los cordobeses». En materia de ausentismo, por ejemplo, se dio a conocer de manera oficial que «hay hospitales públicos donde el porcentaje supera el 60%, cuando en el sector privado el promedio es del 8%».
Según el ministerio de Salud, «esta situación se traduce en una baja productividad contrastada» con las clínicas y sanatorios privados. Asimismo, se indicó a través de un comunicado que «un médico en el sector privado atiende un promedio de 20 consultas diarias, mientras que en el ámbito público el promedio, en el año 2023», fue «de 8,3 consultas diarias, según el registro de prácticas y consultas en la historia clínica electrónica».
En tanto, se explicó que al «vencer una importante cantidad de contratos el pasado 31 de diciembre y bajo parámetros que tienen que ver con el ausentismo, productividad, justificación de inasistencias, desempeño y registro de la actividad médica en la historia clínica, se tomó la decisión de no renovar una parte de ellos y someterlos a evaluación». «Estos parámetros de análisis se van a llevar también al ámbito del personal de planta permanente y monotributistas», agregó el escrito de la Provincia.
Sobre el particular, Pieckenstainer recalcó el sábado último que «exigir el cumplimiento de los protocolos sanitarios, las normas de procedimiento interno, ser más eficientes y mejorar la productividad no es un ajuste del sistema sanitario».
El funcionario concretó estas declaraciones al término de una reunión que mantuvo, vía zoom, con los directores y subdirectores de los 44 hospitales de la provincia. En la oportunidad, el ministro hizo una enfática defensa del sistema de salud y los alentó a trabajar en pos de «una mayor eficiencia y mejores resultados en la atención sanitaria».
«De lo que se trata es de gestionar los recursos, ser profesionales en la evaluación de desempeño de cada trabajador, acompañar y apoyar a quienes demuestran vocación de servicio, y no premiar a quienes no cumplen», les transmitió. Además, les recordó a los médicos que la Provincia «viene realizando inversiones multimillonarias y los resultados son pobres en materia productiva».
Finalmente, Pieckenstainer los instó a «redoblar esfuerzos, dejar atrás las demoras en los turnos, garantizar una óptima prestación del servicio y avanzar juntos hacia un sistema de calidad para todos los cordobeses».
La evaluación al personal estatal saldrá por ley
El gobierno de Córdoba trabaja por estas horas en la elaboración de un proyecto de ley que buscará medir la productividad de los empleados públicos. La iniciativa, que será presentada el mes próximo en el inicio del período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, contempla la posibilidad de “medir” la actividad que llevan adelante los trabajadores de planta permanente de las dependencias oficiales.
El objetivo del gobernador Llaryora es lograr más eficiencia desde el Estado y poder cuantificar el trabajo específico que realiza cada uno de los estatales, reveló ayer el diario Perfil Córdoba.
La idea del oficialismo se conoce en un momento de tensión con los gremios estatales, a partir de la decisión del gobierno provincial de no renovar la continuidad laboral de agentes provinciales que se encontraban en la categoría de contratados. Aunque desde el gobierno no se especificó ese número, para los gremios las desvinculaciones podrían llegar hasta las 2.500, particularmente en el área Salud y Cultura.