A través de una «Carta Abierta a los Legisladores Nacionales», diversas instituciones de la Iglesia Católica Argentina, como la Pastoral Social, Pastoral Carcelaria y Cáritas Argentina, enviaron a diputados y senadores que van a discutir la reforma a la Ley Penal Juvenil, con eje en la baja de la edad de imputabilidad de menores.
Bajo el título «Bajar la edad no baja el delito», el texto expresa preocupaciones sobre el Proyecto del Nuevo Régimen Penal Juvenil, abogando por una reforma integral que priorice la educación y la prevención en lugar de la penalización.
Críticas al Proyecto de Ley
En el documento se consigna: «La propuesta de bajar la edad de imputabilidad no aborda las causas del delito y puede aumentar la violencia y la reincidencia». Además, destaca que el sistema penal juvenil actual no cuenta con las condiciones necesarias para implementar un tratamiento adecuado para los jóvenes.
«La intervención penal debe ser la última opción, priorizando el trabajo de los Juzgados de Familia y el Sistema de Protección de Derechos», señalan desde la comunidad episcopal. En tal sentido, explican que «la evidencia sugiere que la reducción de la edad de imputabilidad no ha demostrado ser efectiva en la disminución de la inseguridad».
Condiciones y Recursos
Se cuestiona la capacidad del Estado para implementar un sistema penal juvenil que garantice tratamiento psicológico, educación continua y reinserción laboral. Aseguran que «la falta de recursos y la creciente desfinanciación en políticas sociales afectan a los sectores más vulnerables, que son los más castigados por el sistema penal». Y que, por lo tanto, «es necesario un enfoque integral que contemple la prevención, intervención y reinserción, en lugar de castigos severos».
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
La carta enfatiza que los NNA son sujetos en desarrollo y que su capacidad para asumir responsabilidades es progresiva, lo que cuestiona la idoneidad de reducir la edad de imputabilidad. Se propone que los jóvenes en conflicto con la ley sean tratados en un marco de protección y promoción de derechos, no en el sistema penal. «La intervención debe centrarse en la prevención y el acompañamiento, evitando la criminalización de la infancia», afirman en el documento.
Evidencia y Contexto Internacional
Para justificar la posición, en el texto se presentan datos que muestran que países con edades mínimas de imputabilidad más bajas tienen tasas de homicidio más altas, sugiriendo que la penalización temprana no resuelve el problema. Además, la carta menciona que la mayoría de los delitos cometidos por adolescentes son de baja gravedad, lo que refuerza la idea de que la respuesta debe ser educativa y no punitiva.
Propuestas Alternativas
- Aplicación de Justicia Restaurativa para adolescentes mayores de 16 años, que ha demostrado ser efectiva en la reducción de la reincidencia.
- Abogar por un enfoque que priorice la creación de oportunidades y el desarrollo integral de los jóvenes, en lugar de castigos que perpetúan la exclusión social.
- Construir un entramado social que incluya y proteja a los jóvenes, abordando las causas estructurales de la violencia.
En síntesis, la carta llama a un debate «serio y constructivo» sobre el Régimen Penal Juvenil, enfatizando que la solución no es penalizar más, sino crear condiciones que promuevan la inclusión y el desarrollo de los jóvenes.
Por ello es que se insta a los legisladores a considerar «el impacto de sus decisiones en la sociedad y a priorizar el bienestar de niños, niñas y adolescentes sobre el oportunismo político».
