La legisladora provincial de la UCR, Marisa Carrillo, presentó un pedido de informes en la Unicameral cordobesa frente a la gran cantidad de reclamos provenientes tanto de prestadores como de beneficiarios del Programa de Servicios a las Personas con Discapacidad (Prosad). “Nos llegan reclamos de que el Prosad no está cumpliendo con las necesidades de los beneficiarios”, manifestó la parlamentaria, quien solicitó al gobierno provincial que “informe cuál es la situación actual de implementación de dicho programa”.
En su presentación, Carrillo busca tomar conocimiento acerca de los fondos destinados al Prosad; quién ejerce la ejecución y control; cuántas personas se atienden con este programa y en qué condiciones lo hacen, y con qué periodicidad cumple ante los prestadores de servicios.
Uno de los argumentos principales gira en torno a la publicidad de ejecución de
políticas del gobierno provincial, basados en la necesidad de control de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública como derecho humano, tomando como referencia el enunciado: “El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley (CIDH, 2002)”.
Asimismo, la legisladora radical agregó que “en el marco de las políticas de salud del gobierno provincial, el Prosad como programa de ayuda a las personas con discapacidad sin obra social, el que brinda de manera gratuita lo necesario para el desarrollo e integración de dicha persona, requiere de una administración transparente y fiscalizada de su ejecución. Debiendo el estado informar periódicamente de sus resultados y consecuencias por motivos de publicidad y buena administración de los recursos públicos e importancia de determinado programa”.
“Conociendo en detalle sobre la ejecución de dicho programa, es que se podrá exigir al gobierno provincial una solución tanto para los beneficiarios como para los prestadores del servicio”, finalizó Carrillo.