El anuncio del programa de ley “Alivio Cordobés”, impulsado por el gobernador Martín Llaryora para unificar deudas y otorgar créditos con tasas de interés bonificadas, generó rápidas y favorables repercusiones en sectores clave de la provincia. La medida, orientada a rescatar a los hogares atrapados en esquemas de alta mora, sumó el aval de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y del Centro de Almaceneros, entidades que venían alertando sobre el deterioro del poder adquisitivo.
Desde el sector gremial, el titular de la Uepc, Roberto Cristalli, confirmó que el anuncio fue el resultado directo de una mesa de diálogo mantenida días atrás en Casa de Gobierno entre funcionarios del Ejecutivo provincial y los secretarios generales de los principales sindicatos estatales (SEP, Luz y Fuerza, Unión de Personal Civil, entre otros).
«En respuesta a nuestras demandas para que se resuelva el sobreendeudamiento de las familias cordobesas, y asumiendo el compromiso de brindar herramientas que permitan afrontar el difícil momento económico que atraviesan, el gobernador anunció el envío a la Unicameral del proyecto de ley ‘Alivio Cordobés’», expresó Cristalli.
En otro tramo del diálogo con Hoy Día Córdoba, Cristalli sostuvo que refinanciar las deudas de los estatales, con mejores tasas y plazos que lo acordado a principios de año, «era uno de los principales reclamos de cada mesa de negociación«. No obstante, el dirigente sindical enfatizó que, en paralelo a esta medida, las entidades gremiales continúan exigiendo la revisión del impacto que provocó el ajuste de la Ley 11.087 sobre los haberes de activos y pasivos provinciales.
Apoyo comercial y contrapunto con la Nación
Por su parte, Germán Romero, presidente del Centro de Almaceneros de Córdoba —entidad que monitorea de cerca la mora de las familias en las compras cotidianas—, calificó el proyecto como «un paso en la dirección correcta» y destacó el rol del Estado provincial frente a la crisis.
«Consideramos acertado que el Gobierno de Córdoba haya asumido una responsabilidad activa frente a esta problemática, porque el Estado está donde debe estar: acompañando a las familias, buscando soluciones concretas y protegiendo la actividad económica», sostuvo Romero a Hoy Día Córdoba.
Asimismo, el titular de la entidad mercantil remarcó que la refinanciación debe contemplar plazos razonables y tasas accesibles que permitan a los hogares recuperar la capacidad de consumo. En su análisis, marcó un duro contraste con la administración central: «Esta decisión contrasta con la actitud del Gobierno Nacional que, bajo argumento de no intervención, ha negado apoyo a proyectos impulsados desde el Congreso destinados a aliviar la situación de las familias endeudadas», al tiempo que cuestionó que la Nación sí intervenga para impulsar iniciativas como la «Inocencia Fiscal» destinadas a sectores reducidos sin dar respuestas equivalentes a los sectores trabajadores.
