Un estudio de la consultora Analytica le puso números concretos ayer al ajuste de Javier Milei, que en nueve meses redujo el gasto público en un 30,1% respecto a 2023, principalmente gracias a la paralización de la obra pública y la reducción de subsidios, jubilaciones y gastos centrales como la educación. El ritmo del recorte se mantuvo en septiembre, donde la consultora encontró “una caída del gasto devengado del 29,7%”.
“Se acabó el tiempo de pinchar la manguera, no hay plata para todos”, definió ayer el secretario de Finanzas Pablo Quirno -segundo del ministro de Economía, Luis Caputo-, quien enfatizó que “el equilibrio fiscal llegó para quedarse, es innegociable, como lo muestran el veto presidencial a las jubilaciones y al financiamiento universitario”.
La última víctima de esta política es el Hospital Laura Bonaparte, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, un emblema nacional en salud mental que el viernes cerró su servicio de guardia e internación espontánea por orden del flamante ministro de Salud, Mario Lugones. En ese momento, se informó que la medida era el preludio del cierre de la institución, lo que desató una protesta de los trabajadores, que decidieron tomar el nosocomio de manera pacífica y ayer hicieron un abrazo al hospital.
Ayer, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) interpuso una demanda ante la Justicia, que inmediatamente le exigió al Gobierno que en 24 horas entregue información sobre el cierre de los servicios del nosocomio, así como también los planes que tiene para las personas internadas en el lugar y, si planea derivarlas a otra institución, cuál será su destino.
Ante el escándalo, la cartera de Lugones informó ayer que inició un plan de “reestructuración” del hospital, que supuestamente no implicará su cierre. “La decisión responde al objetivo de priorizar la asignación de los recursos en los pacientes que lo necesitan. Para avanzar con la reorganización del Centro de Salud, la cartera sanitaria inició la derivación de los pacientes a otras instituciones”, informó empero la cartera, que argumentó que “desde el inicio de la gestión se trabaja en la normalización del Hospital producto de la subutilización en función de su capacidad, lo que se manifiesta en la reducida cantidad de pacientes que se atienden. Vale destacar que el establecimiento de salud recibe un presupuesto de 17.000 millones de pesos anuales y cuenta con una muy baja ocupación”.
Al contrario, los trabajadores destacan que al menos unas 98.000 personas se atendieron en tratamientos asistenciales en el Hospital, a la vez que se realizaron más de 15.000 consultas en los dispositivos de abordaje territorial solo en 2024.
“El Hospital Bonaparte es el único hospital psiquiátrico nacional”, respondió Nadia Jausken, jefa de demanda espontánea del nosocomio, quien explicó que allí se atienden “a personas con derechos totalmente vulnerados” y desde este año también a “muchas personas de clase media que ya no pueden ir a la salud privada”. “La desidia y la incompetencia del Gobierno en materia de salud alarma, pero esta decisión de cerrar hospitales genera una escalada de la conflictividad dentro del Estado. Las medidas de fuerza comenzarán a ser más duras y esto ocurre por exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo”, agregó la Asociación Trabajadores del Estado (Ate).
Sin agua potable
Por otro lado, el ministro Caputo anticipó ayer un nuevo cierre de un organismo público: el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), al que calificó como “un antro de corrupción”.
Se trata del ente encargado de las obras de acceso al agua potable, que tiene más de 200 empleados, que alertaron que el cierre “comprometería el futuro del acceso a servicios básicos”.