Las autoridades del gobierno provincial y de la Municipalidad de Córdoba analizan por estas horas con suma preocupación que el avance del plan de reducción del déficit fiscal anunciado por el ministro de Economía nacional, Sergio Massa, pueda llegar a ampliarse a un ajuste en la distribución de los 46.000 millones de pesos previstos para todo el 2022, en concepto de subsidios al transporte para el interior del país.
La situación es seguida con particular atención por el gobernador Juan Schiaretti y por el intendente Martín Llaryora, ya que salvo que aporten recursos propios para cubrir los fondos que dejaría de poner la Nación, la otra opción sería aplicar un nuevo incremento de tarifas.
Para citar un ejemplo, el aumento de 45% que se les otorgó a las empresas del transporte interurbano días atrás, el cálculo de costos fue hecho a marzo pasado. Para colmo, Aoita, el gremio que nuclea a los choferes del sector, ya solicitó reabrir la paritaria ante la pérdida de poder adquisitivo del salario.
En este marco, durante la presente semana se reunirá en la ciudad de Mendoza el plenario del Comité Federal del Transporte (Cofetra), que reúne a todos los secretarios de Transporte de los diferentes distritos de la Argentina. Además de renovar autoridades, el encuentro se concentrará en insistir en un reparto equitativo de los subsidios, eliminando las diferencias entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y el interior, anticipó en un informe el periodista Alfredo Flury, del diario Comercio y Justicia.
Al respecto, precisó que también solicitarán una urgente reunión con el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, para conocer de primera mano cuáles serán las políticas de esa cartera y, particularmente, del Ministerio de Economía para dicho sector. Es que Guerrera es un hombre que responde a Massa. De cualquier manera, la decisión de sumar o ajustar las partidas para el servicio de transporte de pasajeros es determinación del ahora hombre fuerte del Gobierno.
En el Cofetra temen que los recortes también alcancen a los aportes que hoy asisten al sistema y que son claves para su funcionamiento. En ese contexto, todos quieren saber cómo seguirá la situación. Sucede que, además del aumento creciente de los costos, entre ellos el gasoil que duplicó su precio desde comienzos de año, todos los distritos enfrentan la presión gremial para reabrir paritarias en el marco de una inflación creciente.
La Caja, el otro frente
Por lo demás, el otro problema clave, en este caso para Schiaretti es la situación de la Caja de Jubilaciones de Córdoba. El eje está planteado en la falta de actualización de los fondos que mensualmente remite Anses para cubrir parte del déficit del organismo. Actualmente, Nación gira 1.072 millones de pesos por mes y, si bien lo hace de manera puntual, ese monto es el mismo que enviaba el año pasado. De más está decir que con una inflación que en dos años superará largamente el 100%, ese dinero no tiene el mismo valor que hace un año atrás.
De hecho y según el último dato oficial disponible en la Ejecución Presupuestaria de la Provincia al 31 de mayo pasado, el rojo de la Caja alcanzaba a 12.309,03 millones de pesos. En principio, el quebranto cerrará el año en torno a los 30.000 millones de pesos. Sin embargo, Anses sólo cubrirá poco más de 12.000 millones de pesos. El resto deberá afrontarlo el Tesoro provincial con recursos propios.
En ese contexto, la Provincia ya realizó numerosos reclamos administrativos ante el organismo previsional nacional, por ahora sin mayor resultado. En rigor, la situación de la Caja de Córdoba es la misma que la que atraviesan las otras 12 cajas provinciales no transferidas a la Nación. La queja es unánime pero ninguna recibió hasta ahora una respuesta positiva.
En ese marco, agotadas las instancias administrativas, Córdoba ya estaría en condiciones de iniciar una acción legal ante la Corte Suprema de Justicia. Con todo, tomar esa decisión extrema implicaría un enfrentamiento directo con el gobierno nacional y si bien Schiaretti ya ha dejado más que explícitas sus diferencias con la administración de Alberto Fernández, un juicio llevaría la relación a un punto sin retorno.
Previo a esa decisión el Gobernador deberá evaluar los pros y los contras de una acción semejante. Por ahora, el mandatario aguardará la evolución de la situación a partir de la asunción de Massa y las consecuencias sobre la macro y también sobre la relación con las provincias y los eventuales recortes de fondos que puedan sufrir los distritos provinciales que, mínimamente, deberán afrontar un ajuste en la obra pública en marcha.