Los legisladores del bloque de Juntos por el Cambio, Dante Rossi, Brenda Austin, Alejandra Ferrero, Inés Contrera, Walter Gispert, Alfredo Nigro, Sebastián Peralta, Oscar Saliba y Ariela Szpanin, presentaron ayer un proyecto de ley que propone la eliminación, en forma definitiva, del diferimiento en el pago de los aumentos a los jubilados de Córdoba.
La iniciativa impulsa la modificación del artículo 51 de la ley número 8.024 para “dejar atrás este mecanismo que había sido aprobado en el medio de la pandemia” de coronavirus. En este marco, cabe recordar que con una edición extraordinaria en el Boletín Oficial del jueves pasado, el gobierno de Martín Llaryora repuso el diferimiento previsional para el 90% de los jubilados y pensionados de la Caja de Jubilaciones de Córdoba.
Según dispone la resolución 39 del 29 de febrero, un 55% de los beneficiarios deberá esperar dos meses para cobrar el incremento; 35% un mes; y el 9% lo percibirá en el mismo mes en el que lo cobra el activo. Hasta ahora, apenas el 5% de los pasivos percibía la movilidad con demoras de dos meses. El diferimiento consiste en prorrogarle a los pasivos el aumento que el Ejecutivo les paga a los activos. En tiempos de inflación, en esos dos meses, logra licuar parcialmente el peso del aumento sobre las arcas provinciales.
Sobre el particular, los mencionados parlamentarios de la oposición no dudaron en advertir que “el ajuste no se puede hacer sobre los jubilados. Es una cuestión de prioridades”. Y agregaron que “el Gobierno le ha metido la mano en los bolsillos de los jubilados en reiteradas oportunidades. La ley 10.333, que fuera sancionada el 23 de diciembre de 2015, dejaba atrás la conquista del 82% móvil, haciendo perder a los beneficiarios cordobeses casi 11 puntos en sus haberes”.
“En mayo de 2020 se aprobó con una metodología similar, un nuevo ajuste en el sistema previsional. El haber de la jubilación ordinaria pasó a calcularse como el 82% del promedio actualizado de las últimas 120 remuneraciones mensuales brutas, deducido el aporte personal jubilatorio que en cada caso corresponda. En definitiva, lo que se resolvió es volver a bajar las jubilaciones, colocándolas en un 67,2% de la remuneración bruta”, alertaron desde la bancada de JxC.
Al mismo tiempo, rememoraron que fue en ese contexto que “se estableció un procedimiento de diferimiento de dos meses en la actualización de las jubilaciones”. “Para la campaña, el (entonces) gobernador Juan Schiaretti anunció la suspensión del diferimiento hasta el mes de diciembre del año pasado. Asumido Llaryora, es la segunda vez que hace cargar el ajuste sobre los jubilados, en lo que respecta al llamado diferimiento”, detallaron los legisladores.
Cómo se aplica en cada caso según los ingresos
Apremiado por las urgencias fiscales, Llaryora restauró parcialmente el esquema previsto originalmente en el artículo 51 de la ley 8.024. Ahora, los beneficiarios con haberes brutos de hasta 235.000 pesos percibirán el aumento en el mismo mes que el activo. Esto significa que el 1° de febrero este grupo cobró el 14,5%, que fue el aumento que percibió en enero el activo. Ese mes correspondía pagar cláusula gatillo, la Provincia denunció el convenio y arregló con todos los gremios estatales (menos los docentes) una suba del 10% más un bono de 40.000 pesos. Eso derivó en una movilidad del 14,6%. En este grupo hay apenas 11.000 jubilados de los 114.000 que tiene la Caja, es decir, el 9%.
A un segundo grupo la Caja les posterga la movilidad, pero en un mes. Son los que perciben entre 235.000 pesos y 470.000 pesos en bruto. Hay acá 40.000 beneficiarios, el 35% del total. Este grupo, el 1° de febrero no cobró ninguna suba: ese 14,6% lo percibirá en marzo. En el mientras tanto, y a modo de compensación, la Caja les abonó en febrero una suma fija de 20.000 pesos.
En tanto, al tercer y más numeroso grupo les aplica el diferimiento tal como lo dispone la ley: dos meses de espera. Así, 63.000 beneficiarios cobrarán la suba que enero recibieron los activos recién en abril. A modo de compensación por la demora, la Caja les abona a todos por igual un bono de 30.000 pesos en febrero y 50.000 en marzo. El 14,6% de enero lo percibirán entonces en abril. Acá está el 55,4% de los beneficiarios.
Por su parte, desde el mes de diciembre, a los activos se les incrementó en un punto el aporte al Apross, que pasó de 4,5 al 5,5%. Los pasivos, que pagaban 5% al Apross, ahora tienen un descuento de 6% si tienen haberes inferiores a los 755.000 pesos; de 8% si perciben entre 755.000 pesos y un millón y de 9% si perciben más de un millón de pesos.
La caída de los fondos nacionales
La medida responde a la suspensión de los fondos previsional que debía enviar la Nación para cubrir parcialmente el déficit previsional del sistema local. “Es un milagro que paguemos las jubilaciones sin el dinero que le corresponde enviar a la Nación. La nueva gestión no mandó ni un peso”, aseguraron al diario La Voz del Interior fuentes oficiales, que calculan entre 10.000 millones y 13.000 millones de pesos lo que debería llegar desde la Anses si el monto se hubiera actualizado.
Los mismos voceros del Panal remarcaron que los jubilados “fueron protegidos” y que no sufren el descuento por los cuatro puntos de aportes personales a la Caja que dispuso el Gobierno a finales de 2023. Esa decisión la tomó el gobernador Llaryora como una manera de generar recursos para asistir al sistema previsional en crisis. El Gobierno provincial también destaca el nivel de la jubilación mínima, “por encima de los haberes nacionales”.
Los envíos hasta diciembre de parte del Gobierno de Alberto Fernández fueron testimoniales, dado que desde 2019 no se ajustan por inflación ni por ningún otro indicador. Por caso, mandaba 1.070 millones cuando el cálculo actualizado debiera rondar los 7.000 millones. Es decir, cubría apenas el 20% del rojo que se prometió a financiar. La situación se agravó con la llegada de Javier Milei a la presidencia y su objetivo “irrenunciable” de lograr el equilibrio fiscal.