El conflicto laboral que atraviesan los trabajadores de la planta que la ex empresa autopartista Plascar posee en Camino Interfábricas se convirtió ayer en un verdadero drama. Tras varias horas de tensión, el juez en lo Civil y Comercial, Saúl Silvestre, decidió suspender una orden de desalojo luego de que tres personas amenazaran con arrojarse al vacío desde el techo de la planta.
La Policía de Córdoba ya había rodeado el lugar y se disponía a desalojar a sus trabajadores. Sin embargo, la operación no se concretó y la medida fue aplazada por dos meses.
Cabe recordar que luego de ser despedidos por la ex empresa, 83 operarios decidieron formar una cooperativa para mantener sus fuentes laborales. En la actualidad, son 40 trabajadores los que intentan reabrir el proyecto fabril que cerró definitivamente en 2017.
“Después de dos años de lucha conseguimos proyectos, sanear la planta, reinstalamos la luz y estamos a punto de reinstalar el servicio del gas. Tenemos un proyecto de reciclado y tenemos la posibilidad de firmar un contrato con la gente de Aladio para pintar para ellos”, dijo el titular de la cooperativa Marcos Maldonado.
Además, criticó con dureza a Cristian Filipczak, el empresario a cargo de la planta. “Este tipo cerró sus operaciones acá, no indemnizó a nadie, se fue de un día para el otro y no le importó nada, ni siquiera está preso”, denunció Maldonado. “Queremos ser la primera autopartista recuperada de la provincia de Córdoba”, rescató.
Luego, consideró desproporcionado el operativo que montó la Policía para el desalojo. “Nosotros que somos laburantes nos vienen y nos tratan como si fuéramos criminales, nos traen una cantidad de móviles policiales, Infantería”, contó el cooperativista.
Por su parte, el abogado de los trabajadores, Diego Casado, afirmó que presentarán ante la Justicia las denuncias correspondientes por estafa procesal y retención indebida de aportes en las que habría incurrido el dueño de la empresa. “Es ilógico que se puedan vender tres propiedades al precio de un real como se terminó vendiendo. Le vendieron al gerente de la empresa por un real las propiedades para después insolventarse y defraudar a los trabajadores y acreedores”, indicó el letrado. Finalmente, el legislador provincial del FIT-Unidad, Ezequiel Peressini, apuntó contra las autoridades gubernamentales. “Exigimos al Gobierno que interceda, ni una familia más en la calle. Son responsables también de la integridad física de los compañeros”, aseguró.