El proceso para determinar si el predio de 502 hectáreas cercano a Villa Parque Santa Ana es apto para la instalación del complejo de enterramiento sanitario que proyecta la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana Córdoba (Cormecor) se encuentra en los pasos finales en la justicia provincial.
El martes, la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación realizó la última inspección ocular en las tierras en parte expropiadas por la Provincia (160 sobre las 502 de todo el predio), donde Cormecor pretende instalar el “tercer enterramiento sanitario más grande de Sudamérica”, según denuncian las organizaciones ambientales, para recibir los residuos de la Capital y de otros 20 municipios del Gran Córdoba.
Vale recordar que la cámara dirime un recurso amparo que suspendió la instalación del complejo a fines de 2016 por no cumplir todos los requisitos establecidos por un estudio del Instituto Superior de Estudios Ambientales (Isea) de la UNC.
La cuestión central que debe dirimir es si es determinante que el predio cumpla con los cuatro kilómetros de distancia que estableció el informe de la UNC entre las zonas urbanas y el complejo de tratamiento de residuos. El estudio indica que el enterramiento debe estar separado por dos kilómetros de “exclusión absoluta” y otros dos de una “zona buffer”, para mitigar el impacto de los olores que producirá, de toda población.
Sin embargo, actualmente el predio se encuentra a 1.000 metros de la zona habitable, mientras que desde el punto sudoeste del complejo (el más cercano a Villa Parque Santa Ana) hasta la fosa, hay cerca de 700 metros de distancia. El intendente de la localidad, José Luis Bécker, mostró de hecho la cercanía de su ejido a las fosas de enterramiento e incluso comentó que en un loteo cercano una empresa desarrollista está comenzando a construir un barrio. La organización Santa María Sin Basura denunció además que el campo expropiado por la justicia “se encuentra sembrado con soja y maíz”, aunque desde el ente municipal negaron ser los responsables de ese cultivo.
Con esta última instancia de prueba, el amparo se acerca a su resolución: el fallo podría estar antes de fin de año, aunque aún queda una instancia de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).