En procura de que se aplique una ley nacional aprobada hace seis años, que obliga al Estado a resarcir a unos 10.000 ciudadanos riotercerenses por daño moral por las explosiones ocurridas en 1995, la Justicia Federal de Río Cuarto intimó a que se ejecute el pago de las indemnizaciones pendientes.
Dicho juzgado estableció que como no se ha producido la contestación del informe remitido al Ministerio de Defensa de la Nación, librado con fecha 6 de mayo pasado, corresponderá emplazar a dicha repartición del Estado Nacional a responder el oficio librado oportunamente”.
El juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, emitió ese dictamen el lunes pasado, en el que expresó que atento el extenso tiempo transcurrido desde el libramiento de los certificados de pago determinados en el artículo 2 de la ley 27.179, el cual fuera reglamentado por el Decreto Nº 309/2018 y la Resolución Nº 930/2018, del Ministerio de Defensa, se dispone hacer saber a la autoridad administrativa de liquidación de las acreencias de los actores (Dirección de Administración de la Deuda Pública del Ministerio de Economía de la Nación)”.
El Juzgado intimó a que debe procederse de manera rápida y expeditiva en el plazo no superior a los 30 días, a la liquidación y depósito de los bonos cancelatorios correspondientes a los actores en la presente causa”.
Este grupo de vecinos ha realizado en los últimos años numerosos reclamos judiciales para cobrar estas indemnizaciones por daños provocados por la voladura de la Fábrica Militar hace más de 25 años. Las explosiones ocurrieron el 3 de noviembre de 1995. Hubo pagos por vía administrativa del Estado, entre 1996 y 1999, por muertes, heridos y daños materiales en inmuebles y vehículos.
Luego, se iniciaron miles de causas judiciales contra el Estado. Con el paso de los años, unas 2.000 causas tuvieron sentencia y en su mayor parte fueron ya abonados los resarcimientos a los reclamantes. Quedó pendiente, en cambio, una mega demanda presentada por un solo abogado, el cordobés Mario Ponce, representando a casi 10.000 personas por presunto daño moral.
Para evitar que esa enorme causa llegara a juicio, el Estado acordó sancionar una ley para indemnizar por vía directa esos casos. Pero seis años después de la sanción en el Congreso de esa normativa, los pagos no se hicieron efectivos.