Representantes legales de la Mesa de Organizaciones, Comunidades Indígenas y Asambleas Socioambientales de Córdoba se presentaron ayer frente a los Tribunales provinciales para “exigir respuestas sobre numerosas causas penales que involucran cuestiones ambientales” en la provincia.
Una de las abogadas de las organizaciones, Eugenia Scarpinello, precisó que una funcionaria se comprometió, concretamente, a brindar novedades sobre diversas causas que, según expresan las organizaciones, “se rechazan o dilatan por excusas formales, se archivan, se paralizan por largos años”; y a través de las cuales “se discrimina a los empresarios y a funcionarios públicos involucrados o, lo que es peor, se criminaliza a los Defensores Ambientales y los profesionales que los asisten, imputándolos y sometiéndolos a proceso penal”.