Entre salarios deteriorados, alta rotación docente y aulas atravesadas por nuevos desafíos tecnológicos, la educación pública cerró 2025 sostenida por el compromiso cotidiano de sus trabajadores.
El balance educativo de 2025 encuentra a la educación pública atravesada por tensiones que ya eran visibles en 2024 y que, lejos de resolverse, se profundizaron. La crisis de la docencia como opción de vida y de futuro siguió siendo una de las señales más alarmantes del sistema, asociada a salarios insuficientes, sobrecarga laboral y escaso reconocimiento social. Sin embargo, la educación pública fue durante todo el año sostenida, en gran medida, por el compromiso cotidiano de docentes que trabajan en condiciones cada vez más frágiles.
La precariedad laboral se hizo notar con docentes jóvenes concentrados en suplencias, alta proporción de trabajadores con más de un empleo y salarios que continúan deteriorándose en términos reales.
A lo largo del año, los reclamos sindicales se mantuvieron en el centro de la escena. Desde UEPC insistieron en que el deterioro salarial —con ingresos que siguieron por debajo de la línea de pobreza— y la intensificación del trabajo docente erosionan no solo las condiciones laborales, sino también la calidad del proceso educativo.
En un contexto de pobreza persistente y creciente complejidad en las aulas, la escuela continúa cumpliendo un rol clave de contención social, emocional y alimentaria, muchas veces sin los recursos necesarios.
El año también estuvo atravesado por nuevos debates vinculados al uso de tecnologías y plataformas digitales en las aulas. El bloqueo de Roblox en las escuelas de Córdoba, en línea con otras jurisdicciones, reabrió discusiones más profundas sobre seguridad digital, uso del celular, atención y salud mental. Docentes y especialistas coincidieron en que la prohibición, por sí sola, no alcanza y que el desafío excede a la escuela, involucrando a las familias y a la sociedad en su conjunto.
Llegando hacia el fin de año, en el plano político, 2025 sumó un nuevo factor de incertidumbre con el avance del debate sobre el proyecto de Ley de Libertad Educativa, presentado en diciembre en el marco del Consejo del Pacto de Mayo. El texto propone un cambio estructural en el rol del Estado, con mayor descentralización del financiamiento, desregulación curricular y un corrimiento hacia lógicas de mercado. Para los gremios docentes, la iniciativa consolida el desfinanciamiento, precariza el trabajo y fragmenta el sistema educativo nacional.
Así, el año cierra con una educación pública que sigue en pie gracias al compromiso cotidiano de miles de docentes, pero con bases muy frágiles. El desafío pendiente no es menor: jerarquizar la docencia y garantizar condiciones dignas aparece como una condición indispensable para sostener el derecho a la educación durante 2026.