En los meses de junio, julio y agosto de 2021, la ONG Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) realizó un monitoreo titulado “Acceso a la salud sexual y reproductiva IVE/ILE en la Provincia de Córdoba”, el cual detectó que el 75,4% de los profesionales de la salud pública en la provincia no atiende la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) sino que “realiza consejería y deriva con o sin turno programado”.
El trabajo se basó en la realización de un mapeo general de la condición en la que se encuentra el subsector de salud pública de Córdoba en relación a: acceso a métodos anticonceptivos (MAC), atención de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) e Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y nivel de formación sobre esta temática de los equipos de salud locales.
El informe reveló que “el gobierno provincial no se constituye en rector de la política sanitaria de la provincia en relación a los derechos sexuales y reproductivos, lo cual genera una desigualdad considerable en el acceso a la salud en el territorio provincial”.
De acuerdo al estudio, del total de 721 efectores de salud encuestados para el monitoreo, solo 178 garantizan la IVE. Según un Mapa de Efectores de Salud Pública, publicado por el Ministerio de Salud de la Provincia, realizado en el año 2020, ese número constituye el 89,4% del total que existen en Córdoba (806).
Un dato relevante en cuanto a la distribución geográfica de los profesionales que atienden la IVE, fue que existen departamentos de la provincia que no cuentan con atención, como es el caso de Río Segundo, Juárez Celman, Río Seco, Ischilín, Sobremonte y Pocho; y otros poseen sólo un efector como en el caso de Tulumba o Presidente Roque Sáenz Peña.
Por otro lado, en las conclusiones del informe evidencian que “la implementación de la ley de IVE/ILE, en varios efectores depende de las decisiones personales de quienes conforman los equipos, por lo que la garantía del acceso al derecho depende de voluntades individuales y no institucionales”.
De la actividad participaron Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva de la Nación, Belén Sueldo, secretaria de Violencia de la provincia de Córdoba, e integrantes de la Red de profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que contribuyeron a este relevamiento presentado el pasado viernes en la sede de la Nueva Casa del Docente (San Jerónimo 560).