El Defensor del Pueblo contra la suspensión del BEG: «Perjudica a miles de docentes y familias»

El Defensor del Pueblo contra la suspensión del BEG: "Perjudica a miles de docentes y familias"

Tras conocerse el conflicto entre el gobierno provincial y las empresas prestatarias del servicio de transporte, y la intempestiva decisión de suspender el Boleto Educativo Gratuito a partir del lunes 16 de septiembre, el Defensor del Pueblo Adjunto Carlos Galoppo remarcó que «la medida perjudica a miles de docentes y familias con niños y niñas en edad escolar».

A través de un comunicado, Galoppo sostuvo: «El Boleto Educativo Gratuito es una herramienta fundamental para garantizar el acceso a la educación de todos los estudiantes de la provincia. Es una política pública que beneficia a miles de jóvenes de bajos recursos, brindándoles la oportunidad de completar sus estudios sin tener que preocuparse por los costos de transporte»

«Es importante destacar que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación, y el BEG es una forma concreta de hacerlo. No solo permite que los estudiantes puedan asistir a clases de manera regular, sino que también contribuye a reducir la desigualdad social y promover la igualdad de oportunidades», aseguró el Defensor.

Según la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (FETAP), la decisión se fundamenta en la difícil situación económica y financiera, bajas en la demanda, costos salariales y aumentos en los costos operativos.

Al respecto Galoppo señaló: «Es por eso que resulta inadmisible que las empresas de transporte interurbano pretendan suspender los descuentos en el BEG bajo el argumento de una supuesta crisis. Si realmente están en problemas económicos, deben demostrarlo y buscar soluciones que no afecten a los sectores más vulnerables de la sociedad. Es necesario que el Gobierno provincial haga valer sus derechos y defienda el acceso a la educación de los estudiantes cordobeses porque el BEG es un derecho adquirido que no puede ser vulnerado por intereses privados».

A su vez, se remarcó que desde la Defensoría se entiende que «la educación es un derecho y no un privilegio» y que las partes deben llamarse al necesario diálogo para garantizar el acceso al BEG, política pública clave para el acceso a la educación de los cordobeses y cordobesas.

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