Con un amplio acatamiento, los empleados del Poder Judicial provincial y federal concretaron ayer un paro de actividades en Córdoba, convocado a nivel nacional por la Federación Judicial Argentina (FJA). La medida de fuerza se llevó a cabo en reclamo contra la incorporación de los trabajadores del sector como contribuyentes al régimen del impuesto a las Ganancias, previsto en el Presupuesto 2023 por el gobierno nacional.
Al respecto, la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj), emitió un comunicado en el que sostuvo que la aplicación de Ganancias sobre el salario “implicaría una reducción de nuestros ingresos de entre el 30 al 35% aproximadamente”. Asimismo, consideraron que la propuesta resulta “abusiva y confiscatoria, máxime en un contexto inflacionario como el que vivimos”.
“Lo hemos sostenido a lo largo de los años, el salario y las jubilaciones no son ganancia. El salario de los y las trabajadores es una retribución que percibimos por parte de quienes se apropian de nuestra fuerza de trabajo, experiencia y saberes explotándonos para su beneficio”, explicaron. “El Poder Judicial no son sólo los jueces y juezas y demás magistrados, las y los trabajadores judiciales somos la inmensa mayoría y no debemos ser enfrentados con trabajadores de otras actividades”, agregaron desde el gremio. Asimismo, los judiciales provinciales consideraron que “resulta inmoral que las sucesivas crisis económicas sigan recayendo” sobre ellos. “La excesiva transferencia de nuestros ingresos del sector del trabajo al del capital concentrado a través de la inflación, aumento de tarifas y cartelización de precios es descomunal y se ve sumamente agravada a través de seguir sosteniendo el injusto ‘impuesto al salario’, concluyeron.
En el mismo tono, Juan Tripputi, de la Unión de Empleados y Justicia de la Nación, dijo: “El proyecto afecta claramente la independencia judicial, y están tratando de apretar a los trabajadores judiciales y meternos las manos en los bolsillos”. “No somos responsables del saqueo que hay en la Argentina con la timba y la usura financiera”, agregó.
Por otro lado, detalló que, a diferencia de los otros poderes del Estado, los judiciales están obligados a trabajar bajo dedicación exclusiva. “No podemos ejercer ningún otro tipo de actividades como sí lo pueden hacer los trabajadores de los otros poderes del Estado”, explicó. Finalmente, la agrupación Justicia Legitima fue la única que se manifestó a favor de la medida que impulsa el Gobierno. Rodolfo Zunino, magistrado e integrante de la organización, sostuvo que se mantiene una posición contraria al “mantenimiento de privilegios”, y que la Justicia Federal no puede tener “obligaciones diferentes al resto de la sociedad”.