La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba informó que su área de Inclusión Social realizó más de 1.200 intervenciones entre marzo y septiembre, destinadas a destrabar trámites y prestaciones para personas con discapacidad. El organismo enmarcó esta cifra en lo que describió como una crisis del sector agravada por el desfinanciamiento del gobierno nacional.
Demoras de meses y hasta años
Entre las gestiones más urgentes se destacan las realizadas ante Incluir Salud, donde se registraban demoras de 4 a 9 meses para la entrega de medicamentos de alto costo y la autorización de prótesis. También se agilizaron altas para el ingreso a centros de rehabilitación y centros de día, que acumulaban atrasos de entre 9 y 14 meses.
En el caso de las Pensiones No Contributivas, la Defensoría articuló con la Justicia Federal de Córdoba la presentación de amparos judiciales ante demoras de entre 2 y 3 años en la resolución de beneficios. Además, se trabajó junto al Área de Legales de la Secretaría Nacional de Discapacidad para que los centros prestadores puedan cobrar pagos adeudados desde 2025.
Las 1.200 intervenciones que realizamos de marzo a septiembre de este año, muestran una realidad concreta: detrás de cada trámite demorado y cada prestación que no llega hay una persona cuyo derecho a la salud está siendo vulnerado. Este escenario responde directamente al desfinanciamiento económico y al deterioro administrativo impuestos por el Gobierno Nacional sobre el sistema de atención a las personas con discapacidad
Carlos Galoppo, Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Córdoba
Cómo se distribuyeron los casos
Del total de intervenciones, 620 correspondieron a Pensiones No Contributivas, donde se hizo seguimiento de expedientes y se presentó documentación médica complementaria exigida por las auditorías. Otros 315 casos se vincularon al Programa Federal Incluir Salud, con gestiones para acelerar la entrega de medicamentos y nuevas afiliaciones al programa.
El Certificado Único de Discapacidad concentró 265 consultas, principalmente por asesoramiento técnico-legal, turnos médicos y prórrogas de certificaciones vencidas. A esto se sumaron 56 casos sobre el estado de expedientes de prótesis y 64 vinculados a medicamentos de alto costo y oncológicos ante la DINADIC y el Ministerio de Salud de la Nación.
Articulación con municipios y hospitales
La Defensoría también coordinó con Juntas de Discapacidad, el Ministerio de Salud provincial y distintos municipios para facilitar tratamientos, pases de transporte interurbano y la Tarjeta Social para Celíacos. A nivel territorial, se gestionaron mejoras habitacionales y módulos alimentarios adaptados, además de orientación sobre judicialización en casos de discapacidad mental severa y vulnerabilidad extrema.