Las aprehensiones en flagrancia durante este año en nuestra ciudad aumentaron un 40% mensual en relación a 2023, y pasaron de 600 detenciones mensuales promedio a 1.000. Este abrupto cambio tensiona la capacidad de los centros que reciben y alojan a los presos.
El Centro de Recepción de Procedimientos policiales con detenidos muestra que en enero del año pasado hubo 675 aprehensiones, mientras que en enero de este año fueron 1.033. Algo similar pasó en febrero, donde la cantidad de detenciones pasó de 777 a 1.012 en la comparación interanual.
Así, mientras el máximo en los meses de verano, que son los que más detenciones registran, estaba en las 700 detenciones, ahora parece haberse instalado el número en los 1.000 detenidos mensuales, lo que da un promedio de 33 a 34 aprehensiones por día y un incremento que va entre el 46% y el 35% interanual, según reveló el diario Perfil edición Córdoba. Hay que aclarar que estas cifras no incluyen las detenciones producto de investigaciones por homicidios, violencia familiar, narcotráfico o delitos económicos.
El efecto inmediato es un sistema que se tensiona al máximo y que debe readecuarse para contener la emergencia. La puerta de ingreso es el Centro de Recepción de Procedimientos con Personas Aprehendidas que funciona en el Polo Judicial de barrio Observatorio desde la pandemia, mientras que antes las personas detenidas ingresaban a través de las 23 Unidades Judiciales que funcionan en todos los barrios de la ciudad.
El cambio generó ruidos internos entre la Fiscalía General, fiscales de Instrucción, jueces y el Tribunal Superior de Justicia. La puerta de ingreso significa que un detenido debe ser revisado por un médico, se le toman fotografías, huellas dactilares, entre otros trámites que incluye la recepción del procedimiento.
Mientras esto sucede, los móviles policiales deben permanecer en el lugar hasta entregar la persona aprehendida al Servicio Penitenciario que custodia la alcaidía de tribunales. Ante esto, una posible salida es instalar una guardia policial permanente integrada por siete oficiales por turnos de ocho horas que reciban a los detenidos trasladados hasta ahí. Serían quienes custodien a los aprehendidos mientras se realiza la espera y el recorrido de la foto, huellas y revisión médica.
Delgado sobre la inseguridad: “La alteración social es grande”
El fiscal general de la Provincia, Juan Manuel Delgado, indicó que observan la situación actual “con mucha preocupación”. “Nos estamos ocupando del tema. Hay un aumento de la violencia muy grande. Hemos visto la cantidad de hechos delictivos relacionados con acciones violentas; sobre todo en la vía pública a motochorros. Hemos visto cómo se ha perdido el respeto por la Policía, los uniformados; hay una alteración social muy grande”.
Asimismo, Delgado indicó que desde el Ministerio Público están “tomando medidas específicas, sobre todo para la comunidad, para las personas que están sufriendo esta ola delictiva”. El funcionario judicial habló en medio de la incesante cantidad de robos, asaltos, violencia, ataques a la Policía y crímenes. Con el de Sebastián Villarreal, ejecutado a balazos por motochoros en Yofre Norte, ya son al menos 19 las personas asesinadas en lo que va de 2024 en la provincia.
“El Ministerio Público tiene el ejercicio de la acción penal, el ejercicio de la persecución penal. Pero tenemos que trabajar de manera conjunta y lo estamos haciendo en la prevención; hay que evitar que el delito se produzca. Estamos trabajando en generar sistemas de atención de casos en flagrancia, para que haya condena rápida y efectiva, un tratamiento rápido de los casos”, dijo a Cadena 3.
“También hemos pedido reformas sobre la ley en salud mental, que es una ley nacional, y la creación de institutos para quienes consumen estupefacientes. El problema está instalado como la falta de respeto a la autoridad”, añadió. Sobre por qué un mismo sospechoso debe ser detenido varias veces y luego es liberado, el fiscal general dijo: “Estamos analizando exactamente eso, se necesitan reformas. El régimen de menores está obsoleto y ahí tenemos un problema donde el fiscal debe cumplir la ley”.