La defensa del secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Córdoba, Federico Giuliani, solicitó ayer el apartamiento del fiscal Ernesto de Aragón por la posible comisión de delitos de prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en la instrucción de la causa que está elevada a juicio.
Como se recordará, el funcionario judicial avanzó el martes pasado con la imputación de dicho gremialista, a quien sindica como el “instigador a la violencia” en el marco de la protesta del sábado último por la presencia del presidente Javier Milei en nuestra ciudad. Giuliani encabezó un corte en el ingreso del aeropuerto Ambrosio Taravella, y luego, de acuerdo con la prueba con la que contaría el fiscal, “provocó disturbios” en la intersección de Vélez Sarsfield y 27 de Abril.
Por este motivo, en la mañana de la víspera el titular de ATE se presentó en Tribunales II junto a sus abogados defensores, Claudio Orosz y Eugenio Biafore. En el ingreso a ese edificio, se llevó a cabo una radio abierta y posterior conferencia con el objetivo de advertir por “el acoso judicial al que viene siendo sometido Giuliani”. En tal sentido, se indicó que De Aragón “ya instruyó otra causa penal donde se lo acusó de interrumpir el transporte público, por participar en la marcha contra el hambre el año pasado”.
Justamente, el mencionado fiscal dispuso que el martes se concretaran allanamientos en el domicilio particular del secretario general de ATE, así como en la sede sindical de ATE Río Cuarto. Según el gremio, también ordenó el secuestro de los teléfonos personales del dirigente y de su hijo, de tan sólo 9 años.
“En el transcurso del alegato que realizamos ante la Cámara de Acusación por recurso ante una elevación a juicio, denunciamos al fiscal. Ahora, debería apartarse según establece el Código de Procedimiento”, explicó Orosz.
El letrado fustigó a la fiscalía y sostuvo que hay intención de “criminalizar la protesta social con estas actuaciones judiciales”. “Vivimos en Córdoba y se sabe el sojuzgamiento que tiene la justicia y, particularmente, el Ministerio Público Fiscal (MPF) al poder político. Tanto es así que la cabeza del MPF se renueva cada cinco años por elección del Poder Ejecutivo, con la anuencia de la Legislatura de mayoría automática. Así sucedió con los últimos fiscales generales”, aseguró Orosz.
Antecedentes favorables para Giuliani
Los letrados aseguraron que no existe delito en relación a los hechos sucedidos el sábado 25 de mayo. “Protestar no es delito, ya lo estableció la Cámara de Acusación en la causa donde se había ordenado la detención del cuerpo de delegados de Luz y Fuerza hace algunos años atrás”, aseguraron.
Se refirieron a la causa conocida como “Pablo Álvarez”, que según revelaron “es un antecedente central porque la cámara sentó jurisprudencia al asentar que el tipo legal, como es la figura de ‘incitación a la violencia’, no puede aplicarse a la protesta social, que es lo hizo el fiscal De Aragón en esta nueva imputación”. “Son las condiciones sociales que generan que millones de argentinos salgan a protestar, y se funda en el ejercicio sano del derecho a la protesta, que es lo que nos garantiza la democracia en este país”, sentenció Biafore.