Los gremios estatales cordobeses plantearon ayer un enfático rechazo a la decisión del gobierno provincial de dar por caído el acuerdo paritario firmado el 21 de septiembre del año pasado y con vigencia hasta el 31 del presente mes, que contemplaba la aplicación de la “cláusula gatillo” para actualizar los salarios, es decir que las subas se ataban al índice inflacionario oficial.
“Rechazamos esta medida, que es absolutamente ilegal y exigimos a la cartera laboral que intime al Gobierno a cumplir con el acta salarial, resultado de una conciliación obligatoria, y que proceda a liquidar los haberes al personal docente conforme los términos pactados”, expresaron en la víspera a través de un comunicado.
En tal sentido, los sindicatos –liderados por la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC)- concretaron una presentación ante la secretaría de Trabajo de la Provincia para exigir que se respete el entendimiento sellado por la administración de Juan Schiaretti.
Al mismo tiempo, las organizaciones gremiales solicitaron que la cartera laboral instruya a la gestión de Martín Llaryora para que “convoque a la brevedad a la comisión paritaria salarial para determinar las escalas correspondientes a partir del mes de febrero del presente año”.
El SEP continúa con las protestas
Mientras tanto, el Sindicato de Empleados Públicos llevó a cabo ayer una protesta frente a la sede de la obra social provincial (Apross) en reclamo de reincorporaciones y por mejoras en las condiciones laborales. Cabe remarcar que este jueves el gremio hará una nueva manifestación contra “la baja de contratos”. La concentración tendrá lugar a partir de las 10 horas en la sede de calle Corro 269.
“Seguimos en estado de asamblea, con actos de reparticiones y, por supuesto, vamos a intensificar el reclamo en base a este acuerdo que se desconoce”, informó Sergio Castro, secretario general del SEP. Al respecto, consideró que “lo más razonable es sentarse a hablar” y que a pesar de reconocer la situación “crítica” que atraviesa la provincia y del país, argumentó que “es necesario que nos paguen lo que nos deben”.
Además, criticó el atraso en la cobertura de medicamentos y tratamientos, alegando que debido a la inflación los costos de estos superan los montos que otorga la obra social: “En el caso de los jubilados sabemos que hay medicamentos que la obra social contempla en 6.000 pesos, y hoy están en $ 30.000”.