El exministro de Seguridad de la provincia, Alfonso Mosquera, se encuentra en medio de un escándalo después de ser denunciado por violencia de género por una expareja que es sargento de la Policía de Córdoba. Ante esta acusación, Mosquera decidió tomar la iniciativa y pidió licencia sin goce de sueldo en la Unicameral provincial.
Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando este martes, las legisladoras provinciales de la Izquierda, Luciana Echevarría y Noelia Agüero, presentaron un proyecto para su inmediato apartamiento del cargo. En su propuesta, solicitaron que Mosquera no permanezca en su banca y que el documento sea tratado en la sesión de este miércoles.
El motivo principal que esgrimieron las legisladoras para pedir el apartamiento de Mosquera radica en la gravedad de la denuncia y la relación previa entre el acusado y la denunciante, quien es su subordinada en la Policía de Córdoba.
Argumentaron que, de comprobarse la denuncia, se estaría frente a un caso de agravante debido a la relación de superioridad en la que se encontraban. Además, subrayaron la importancia de actuar con firmeza en casos de violencia de género, especialmente en un momento en que el movimiento de mujeres ha puesto en la agenda pública la necesidad de poner fin a la violencia machista.
Las legisladoras también hicieron referencia a un caso previo en la Legislatura, donde se tomó una medida similar ante una situación comparable, lo que refuerza su posición de que no debe haber dobles estándares en este tipo de situaciones.
Cabe recordar que además de la denuncia por violencia de género, Mosquera también enfrenta investigaciones por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en relación al caso del asesinato de Blas Correas.
Las legisladoras provinciales de la Izquierda fundamentaron su solicitud de apartamiento del legislador en el artículo 129 del Reglamento interno. Según explicaron, este artículo establece que las cuestiones de privilegio se aplican en situaciones donde la reputación de los legisladores se ve afectada en relación a su idoneidad representativa, su conducta en el ejercicio de sus funciones, o por actos de indignidad, que incluyen las condiciones morales básicas necesarias para ejercer la función legislativa.
Según esgrimieron, el acto del que se lo acusa a Mosquera se considera una violación de las condiciones morales básicas para la función de legislar, especialmente debido a la relación de superioridad entre ambos.
A pesar de que el legislador no está imputado en este momento, la gravedad de la denuncia es suficiente para justificar su apartamiento del cargo mientras se investiga el caso.