Luego de manifestar una “profunda preocupación por la escalada de brutalidad policial que vive la provincia”, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba presentó ayer una nota formal ante la oficina del gobernador Juan Schiaretti para solicitar una “reunión urgente” a los efectos de analizar dicha problemática.
“Los casos de asesinatos en manos de fuerzas policiales se repiten sin parar, llegando desde entonces hasta julio de este año a 10” hechos, repasó la organización a través de un comunicado. Asimismo, recordó que “hace dos años, cuando (Valentino) Blas Correas fue asesinado, la jefa policial, comisario general Liliana Zárate Belletti, dijo en los medios que ese crimen por gatillo fácil fue un `caso excepcional´. Ochenta días después, otro `caso excepcional´ terminó con la vida de Joaquín Paredes, en Paso Viejo”.
“Pero los `casos excepcionales´ no cesaron: desde el homicidio de Blas hasta el de Jonatan Romo, hubo siete víctimas fatales a manos de la Policía a los que se suman acciones violentas frente a manifestaciones populares como la del 25 de noviembre de 2021, donde, paradójicamente una manifestación de colectivos feministas por el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer fue reprimida por la Guardia de Infantería”, repasó la APDH en el escrito que lleva la firma de su secretario general, Medardo Ávila Vázquez.
A continuación, la organización alertó que “en Punilla la situación es más grave aún, recientemente no solo hubo una vergonzosa manipulación llevada adelante por la cúpula policía y la fiscal Paula Kelm intentando encubrir el asesinato de Cecilia Basaldua, sino que esa misma policía, con la complicidad del fiscal de Instrucción, Raúl Ramírez, actuaron en la madrugada del 10 de mayo pasado, como si se tratara de los grupos de tareas de la pasada dictadura cívico militar (Ramírez fue miembro de la D2), arremetiendo con un grado de violencia inusitado, contra familias que acampaban contra el desmonte y la traza de la autovía de Punilla en inmediaciones de la localidad de Molinari”.
“Y como si eso fuera poco –prosiguió la APDH-, la noche del viernes 22 de julio pasado, Franco Méndez, quien vive junto a su abuelo Saturnino Méndez en una casa que será expropiada para la traza de la autovía de Punilla (desalojo que están resistiendo), fue atacado por cuatro policías que actuaron en motos de la fuerza quienes le dieron una golpiza y termino internado en terapia intensiva”.
Finalmente, sostuvo que “ante esta situación en donde visualizamos que el Estado Provincial no está garantizando el derecho a la vida y el respeto a las garantías constitucionales que nos rigen y deben prevalecer ante todo, es que solicitamos una entrevista urgente con el gobernador Schiaretti para reclamar medidas adecuadas para garantizar el ejercicio del respeto a las mismas para toda la población de la provincia”.