Comenzó en Córdoba el juicio por el caso conocido como el de los “Sanadores Egipcios”. El debate se desarrolla en el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF2) y tiene como principales acusados a Álvaro Juan Aparicio Díaz, conocido como “Sahú Ari Merek”, y Carolina Laura Cannes. Ambos están acusados de liderar una organización de características sectarias vinculada a la Fundación Académica Sêshen y enfrentan cargos por trata de personas, explotación laboral y abusos sexuales, entre otros delitos. Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2014 y 2021 y tienen como víctimas a 11 personas.
Según la acusación, los imputados habrían captado a personas en situaciones de vulnerabilidad mediante supuestas terapias de sanación egipcia, lecturas energéticas y cursos de capacitación, para luego someterlas a mecanismos de manipulación y explotación. Varias de ellas fueron trasladadas al predio rural Pozos Azules, en el paraje San Lorenzo, cerca de Villa Cura Brochero, donde habrían realizado trabajos no remunerados, como tareas agrícolas, de construcción y desmonte, bajo condiciones de servidumbre.
Durante las primeras audiencias, Aparicio Díaz y Cannes negaron las acusaciones y sostuvieron que las actividades de la organización eran voluntarias y formaban parte de una propuesta cultural y filosófica.
El denominado “sanador egipcio” afirmó además que las personas que se instalaron en Pozos Azules durante la pandemia conservaron su dinero, teléfonos y libertad de circulación. Cannes, por su parte, ratificó esa versión y justificó los ingresos de la pareja mediante la actividad de la fundación, la venta de propiedades y otros bienes familiares.
Uno de los testimonios más relevantes fue el de una de las víctimas, que actualmente vive en el exterior, quien relató ante la Justicia cómo ingresó al grupo como estudiante y terminó trabajando allí.
Según contó, Aparicio Díaz se presentaba como un maestro con capacidades extraordinarias y construía a su alrededor relatos sobre supuestos milagros. En su caso, aseguró que le diagnosticó falsamente un cáncer, afirmó haberla curado y generó en ella un sentimiento de deuda y sometimiento.
La mujer también describió las condiciones de vida en Pozos Azules y aseguró que algunos integrantes “ni siquiera dormían o comían” debido a la exigencia de las tareas. Además, relató un esquema de control, miedo y aislamiento, con castigos ante cualquier incumplimiento de las reglas impuestas por el líder. Como ejemplo, afirmó que en una oportunidad recibió un castigo de 48 horas de trabajo sin descanso por haber saludado a otra persona antes que a Aparicio Díaz.
La causa llegó al fuero federal después de un extenso recorrido judicial. Inicialmente, las 11 personas que hoy son consideradas víctimas habían sido detenidas durante 15 meses en el marco de la investigación provincial. Posteriormente, el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja encuadró el expediente como un caso de explotación laboral y trata de personas, mientras que esas personas fueron sobreseídas y pasaron a intervenir en el juicio en calidad de querellantes.