El juicio por el crimen de Gabriela Pérez, asesinada de un disparo durante un acto sindical en el Club Yapeyú en septiembre de 2023, comenzó esta semana en la Cámara Tercera del Crimen de Córdoba, integrada con jurados populares. En las primeras jornadas, la madre de la víctima denunció que la familia no puede ingresar a la sala para presenciar las audiencias, mientras que los primeros testigos declararon bajo un fuerte clima de temor.
Liliana, madre de Gabriela, cuestionó la decisión y reclamó una explicación por parte de la Justicia. “No nos dejan entrar al juicio, estuvimos desde las 9 hasta las 18 ahí afuera esperando. No sabemos por qué nos prohíben entrar”, sostuvo. Una de sus hijas, Gisela, señaló que una posible razón sería que algunos familiares puedan ser convocados como testigos. Sin embargo, Liliana aseguró que no estuvo presente cuando ocurrió el ataque y que se enteró de lo sucedido cuando le avisaron que Gabriela estaba internada y en grave estado.
La mujer también pidió “justicia por Gabriela y por Gustavo”, en referencia a su hijo Gustavo Herrera, uno de los principales acusados por el crimen. “Mi hijo es inocente”, afirmó Liliana, quien además contó que la familia recibió amenazas desde el asesinato de la joven. Según relató, a Herrera le ofrecieron un juicio abreviado con una pena de 10 años, pero el acusado rechazó el acuerdo porque sostiene que no mató a su hermana.
Herrera está imputado por homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria y homicidio criminis causa en grado de tentativa. También es juzgado Adrián “Petaca” Vallejos, acusado como partícipe necesario del homicidio calificado, mientras que Luis Mendoza permanece prófugo.
Los primeros testimonios
Durante la segunda jornada del debate declaró Agustín Rodrigo Rivera, pareja de Gabriela y querellante en la causa, quien aseguró que tiene miedo por su vida y la de su familia. Rivera contó que llevaba 10 años de relación con la víctima y que nunca tuvo vínculo con Gustavo Herrera.
En su declaración también relató que, semanas después del crimen, un conocido le comentó que un hombre apodado “Rambo” habría pagado 300 dólares a Herrera para realizar un ataque en el Club Yapeyú. Según ese relato, los billetes habrían sido falsos y Herrera habría reconocido posteriormente: “Me la mandé y los dólares eran truchos”. El testimonio fue presentado como parte de las referencias que recibió Rivera y no como una constatación directa de los hechos.
Luego declaró Hugo “Ciego” Cardozo, integrante de La Fiel, la barra de Talleres, quien había comenzado a trabajar como inspector gremial del Soelsac meses antes del crimen. Cardozo relató distintos episodios de violencia y amenazas vinculados con las disputas internas entre sectores sindicales.
El testigo sostuvo que está convencido de que el ataque del 9 de septiembre de 2023 estaba dirigido contra él. Entre otros episodios, mencionó una amenaza recibida meses antes, incidentes frente a la sede del Soelsac y una llamada telefónica en la que le pidieron que se alejara del sindicato. También relató que el día del ataque fue perseguido por un automóvil cuando se dirigía al Club Yapeyú.
El último testigo de la jornada fue un vecino de la familia Herrera, quien se encontraba en un salón cercano al club festejando el cumpleaños de uno de sus hijos cuando ocurrió la balacera. Durante el interrogatorio se mostró reticente a responder algunas preguntas y llegó a ser advertido sobre las consecuencias de un eventual falso testimonio.
Ante el tribunal, el hombre resumió el clima que atravesó la jornada con una frase: “Tengo miedo, no puedo estar tranquilo, hay una muerte”.
El crimen de Gabriela Pérez
Gabriela Pérez tenía 22 años cuando murió tras recibir un disparo durante un acto sindical del Soelsac, el 9 de septiembre de 2023, en el Club Yapeyú. La investigación sostiene que el ataque fue dirigido contra personas que se encontraban en el lugar y que uno de los disparos alcanzó a la joven.
El debate busca determinar quiénes participaron del ataque y cuáles fueron sus responsabilidades. Mientras la acusación apunta contra Herrera y Vallejos, la familia de la víctima continúa reclamando justicia y, en el caso de Liliana, también la absolución de su hijo.
