La causa es instruida por la Fiscalía del Distrito III Turno 6, a cargo de Iván Rodríguez, quien ordenó las detenciones tras reunir una serie de elementos probatorios que apuntan a episodios de violencia física contra niños que asistían al establecimiento.
El caso tomó estado público a partir del testimonio de Fernanda, madre de un bebé de apenas ocho meses. Según su relato, el hecho clave ocurrió el 19 de febrero, cuando recibió un llamado desde el jardín informando que su hijo había sufrido un “raspón”.
Sin embargo, al retirarlo, la mujer se encontró con una escena completamente distinta: el niño presentaba golpes visibles en distintas partes del cuerpo. “Tenía marcas por todos lados”, aseguró, al tiempo que cuestionó la decisión de no haber convocado asistencia médica.
El bebé fue trasladado de inmediato a un centro de salud, donde permaneció seis horas en observación y fue sometido a estudios de mayor complejidad, como tomografías y análisis clínicos. Fue allí donde los profesionales recomendaron radicar la denuncia judicial.
Antecedentes que encendieron las alarmas
La madre también señaló que no era la primera vez que su hijo regresaba del jardín con lesiones. Episodios previos, como un ojo morado o cortes en la oreja, habían sido atribuidos por la institución a accidentes menores.
Ese patrón, que inicialmente fue minimizado, cobró otra dimensión tras el último hecho, lo que llevó a profundizar la sospecha de un posible maltrato sistemático.
Las imputaciones
La docente a cargo de la sala fue imputada como presunta autora de “lesiones leves calificadas por alevosía reiteradas”, una figura que implica que habría actuado aprovechando la total indefensión de las víctimas, dada su corta edad.
En tanto, la directora del establecimiento fue detenida e imputada por encubrimiento. Según la fiscalía, existen indicios de que habría tenido conocimiento de las agresiones y no habría intervenido ni denunciado la situación.
Entre los elementos que sostienen esta acusación se encuentran la minimización de las lesiones, la falta de asistencia médica inmediata y las trabas para acceder a las cámaras de seguridad.
¿Hubo más víctimas?
Si bien hasta el momento no se confirmaron denuncias previas de otras familias, la Justicia ya dispuso la citación de padres y madres de alumnos para determinar si existieron situaciones similares. El hecho de que la imputación contra la docente sea por hechos “reiterados” refuerza la hipótesis de que no se trataría de un caso aislado.
La investigación continúa en etapa de recolección de pruebas y testimonios. En los próximos días se espera la indagatoria de la docente y el avance sobre la responsabilidad de la directora. Mientras tanto, la comunidad educativa permanece en estado de shock ante un caso que pone en el centro del debate los mecanismos de control, la confianza en las instituciones y la protección de los más vulnerables.
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