El interventor del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), Gustavo Vidal Lascano, debió solicitar el traslado de los guardias a cargo del pabellón de la cárcel de Bouwer en donde está alojado el ex mandamás Juan María Bouvier, acusado de montar una mega estructura de corrupción en las penitenciarías locales.
El motivo del pedido de Lascano responde a que los efectivos le permitieron a Bouvier acceder a privilegios por encima de los que tienen los demás presos, entre los cuales se detalló el uso de teléfono celular, visitas de familiares que no fueron requisados y la recepción de su contador y un amigo que le llevó gaseosas y chocolates.
Los privilegios Bouvier salieron a la luz en un capítulo de la resolución del fiscal Enrique Gavier, quien le dictó la prisión preventiva por considerarlo el líder de una asociación ilícita que cometió una larga serie de delitos en las cárceles. Estos van, desde la venta de favores a los internos hasta la operación de bandas dedicadas a estafas telefónicas, conocidas como “call centers tumberos”.
Incluso, la acusación del fiscal sostiene que existía un tarifario para cada producto o servicio. Así, el costo de la visita privada era de $ 180.000; una video llamada, $ 15.000 la hora; el traslado de un establecimiento a otro, $ 400.000; atención médica, $ 150.000; ingresar un elemento cortante, entre $ 25.000 y $ 50.000; un teléfono celular, entre $ 600.000 y $ 800.000; los chips de telefonía celular, $ 5.000, y el resguardo de integridad física conocido como “resguardo de la yuta” se cobraba $ 250.000.
A la hora de justificar la necesidad de que Bouvier permanezca detenido, Gavier hizo notar que su libertad sería de alta la peligrosidad procesal, aunque su capacidad para interferir en las investigaciones se sostiene estando detenido en un pabellón carcelario controlado y vigilado por empleados a quienes condujo hasta los primeros días de diciembre pasado. Es por esto que Gavier sugirió que se estudie la posibilidad de enviar a Bouvier y al resto de los acusados a un establecimiento carcelario de otra provincia, donde no tenga la influencia que sigue ejerciendo en Córdoba.
Ahora, la investigación administrativa buscará determinar en qué momento y bajo la responsabilidad de quiénes Bouvier habría accedido en su encierro a los privilegios denunciados por el fiscal.