El próximo lunes 3 de agosto comenzará en Villa Dolores el juicio contra Oscar González, expresidente de la Legislatura de Córdoba, por el choque fatal ocurrido en el Camino de las Altas Cumbres. El exfuncionario está imputado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas tras el siniestro que causó la muerte de la docente Alejandra Bengoa y dejó graves secuelas a dos adolescentes. El proceso judicial adquiere gran relevancia institucional por el peso político del acusado y el fuerte reclamo social de justicia.
El acusado movió las piezas de su estrategia legal antes del cierre de la feria judicial de julio. A menos de dos semanas del inicio de las audiencias en la Cámara del Crimen y Correccional de Villa Dolores, el exlegislador provincial confirmó tres cambios simultáneos en su equipo de representantes para las causas penal y civil.
En primer lugar, revocó la designación de Pedro Eugenio Despouy Santoro, quien ejerció su defensa durante el trámite de la probation. La Justicia de Villa Dolores rechazó en su momento esa salida alternativa, lo que obligó al imputado a enfrentar el debate oral.
Para la etapa penal, incorporó a Eduardo Caeiro como nuevo codefensor en apoyo de Miguel Ángel Ortiz Pellegrini, quien continúa como abogado principal. Además, designó a Gastón Bazán como letrado patrocinante para la acción civil derivada del hecho.
El proceso penal estará a cargo del juez Santiago Camogli, quien actuará como tribunal unipersonal sin jurado popular. La acusación la llevará adelante la fiscal Analía Gallaratto, mientras que las sobrevivientes del hecho, Marina Bengoa y Alexa Álvarez, declararán como testigos clave.
Calificación legal y expectativas de la querella
El exfuncionario provincial podría afrontar una pena de entre 3 y 6 años de prisión bajo la imputación actual. Sin embargo, la querella buscará cambiar la carátula de la causa hacia una figura penal más severa.
Gustavo Álvarez, padre de Alexa, dialogó con Canal 10 sobre la postura que mantendrán los familiares durante las audiencias. «Vamos a ir a las audiencias a demostrar que esto fue un crimen vial y con todas las características de un dolo eventual», expresó Álvarez. Si el tribunal acepta el pedido de la querella de modificar la calificación a homicidio simple por dolo eventual, la pena podría derivar en prisión efectiva.
El siniestro vial bajo investigación ocurrió el 29 de octubre de 2022 en el Camino de las Altas Cumbres, cuando el vehículo conducido por el entonces legislador chocó de frente contra el automóvil en el que viajaban la docente fallecida y las dos adolescentes.