El Jurado de Enjuiciamiento de Córdoba fijó para el 21 de abril el inicio del jury contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes intervinieron en distintas etapas de la investigación por el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido el 25 de noviembre de 2006 en Río Cuarto.
Se trata de un hecho inédito a nivel provincial, ya que será la primera vez que se juzga de manera simultánea a tres fiscales por una misma causa. El proceso incluirá al menos cinco audiencias de debate.
Los funcionarios están acusados de presunto mal desempeño y negligencia grave durante la instrucción del expediente. La acusación será sostenida por la fiscal general adjunta Bettina Croppi.
El punto central del debate se enfocará en la actuación de los fiscales respecto a la pista que involucraba al parquetista Roberto Bárzola, quien fue vinculado al caso a partir de un ADN masculino no identificado recolectado en la escena del crimen.
Años después, el fiscal Pablo Jávega detectó una coincidencia genética entre ese ADN y Bárzola, lo que reactivó cuestionamientos sobre por qué no se profundizó esa línea investigativa en su momento.
Entre los primeros testigos convocados figuran integrantes de la familia de la víctima:
- Marcelo Macarrón, viudo de Dalmasso, quien fue absuelto en un juicio anterior
- Facundo y Valentina Macarrón, hijos de la víctima
También declararán el exfiscal general Darío Vezzaro y el propio Pablo Jávega, quien tuvo intervención en la etapa final de la causa.
El tribunal estará presidido por la legisladora Julieta Rinaldi, titular del Jury, y se prevé una audiencia organizativa previa para definir el cronograma completo.
El jury evaluará la responsabilidad funcional de los acusados y podría derivar en sanciones disciplinarias o la destitución de los fiscales.
Actualmente, los tres funcionarios continúan en ejercicio, lo que ha generado cuestionamientos en torno a su permanencia mientras se desarrolla el proceso.
El crimen de Nora Dalmasso es uno de los más resonantes en la historia judicial de Córdoba. A más de dos décadas del hecho, la causa continúa sin una condena firme, en un contexto marcado por cambios de hipótesis, imputaciones fallidas y controversias investigativas.