Por unanimidad, la Cámara en lo Criminal y Correccional de 11° Nominación de la ciudad de Córdoba, presidida por el camarista Horacio Augusto Carranza, condenó al cabo Mariano Andrés Martínez de la Policía de Córdoba a la pena de cuatro años de prisión por el delito de lesiones gravísimas, con dolo eventual, agravadas por el uso de arma de fuego y por abuso funcional. Asimismo, le impuso una inhabilitación especial por idéntico término. El acusado mantendrá su libertad hasta que la sentencia sea convalidada.
Por mayoría, las vocales Susana Frascaroli, Gabriela Rojas Moresi, junto a cinco jurados populares, establecieron que la víctima, Damián Alejandro Pérez -quien falleció el año pasado-, estaba desarmado cuando recibió el proyectil que lo dejó parapléjico. En la sentencia, el tribunal reconoció que Pérez fue “víctima de actos de violencia institucional” y declaró la falsedad ideológica del acta de inspección ocular labrada por el comisario Rodolfo Ayala, la cual indicaba el secuestro en el lugar del hecho de un arma de fuego, tipo revólver, calibre 38, cargado con dos proyectiles y atribuida a Pérez de manera maliciosa.
Por otro lado, la cámara hizo lugar parcialmente a la demanda civil entablada por el damnificado y, luego, continuada por sus padres contra el Policía y la Provincia de Córdoba, en relación a los rubros pérdida de chance y daño moral. A raíz de ello, el tribunal dispuso condenar a los demandados civiles a abonar a la parte actora $ 30.000.000 en concepto de daño moral y $ 301.276,49 por pérdida de chance, más intereses.
El hecho juzgado ocurrió el 12 de julio de 2014, cuando Pérez, junto a un hermano y un amigo, se conducía en un auto y fueron detenidos por un control policial en barrio Bella Vista. Al ser revisados, el hombre huyó corriendo hacia la Cañada y fue perseguido por Martínez.
En medio de esa persecución, el agente desenfundó su arma reglamentaria, disparó y una de las balas alcanzó a Pérez por la espalda. La lesión le provocó paraplejia y, en marzo de 2022, murió.
Previo a este proceso, en un juicio de 2019, Martínez había sido absuelto. Ante esto, el abogado querellante Nicolás Turturro presentó un recurso de casación a raíz del cual el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) anuló el fallo y ordenó un nuevo debate oral y público, que se realizó este lunes y derivó en la condena.