A mediados de 2021, el Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba impuso penas de hasta seis años y seis meses de prisión para un grupo de trece personas que fueron encontradas como integrantes de una asociación ilícita fiscal que se manejaba en la industria del cereal. La causa, fue entonces acuñada como “Soja Negra”.
Hoy, en ese mismo tribunal, va a comenzar otro juicio de una saga interminable en la que se ven involucrados productores, cerealeras y empresarios de la provincia. Los imputados, según se conoció en la causa, habían generado ganancias millonarias con estafas y evasiones también del mismo calibre.
La causa que se retomará este miércoles, está caratulada por presunto lavado de activos agravado. Esta última, será en presidida por la doctora Carolina Prado y dos jueces riojanos quienes la van a secundar en el Tribunal: Quiroga, Uriburu y el Dr. Mario Martínez. Cabe recordar que desde un principio, los fiscales a cargo de la acusación de este caso fueron Carlos Gonella y el auxiliar fiscal Gustavo Yofre, ambos del Ministerio Público Fiscal.
La pena más alta, en el momento de realizarse el procedimiento, fue para Fernando Cuello, a quien el TOF condenó como jefe de la asociación ilícita fiscal, partícipe necesario de evasión agravada y de apropiación indebida de tributos. También fue inhabilitado para comercializar granos y actividades vinculadas.
A su vez, el contador Rubén Ceva fue condenado a cinco años y medio e inhabilitado para ejercer la profesión.
En tanto, Jorge Ferrer y Sergio Guevara fueron penados, ambos, a cinco años de prisión y Julio Luján y Daniel Velayes a cuatro, todos como coautores integrantes de la asociación ilícita fiscal y de la evasión y la apropiación de tributos.
Otro grupo de acusados integrado por Gastón Ludueña, Rosendo González, Néstor Beltrame, Rubén Di Primio, Miguel Ortega, Matías Giuggiolini y Osmar Sismondi, fueron condenados a dos años y medio, al ser encontrados partícipes secundarios de la asociación ilícita. También hubo cinco absoluciones por ese delito, en línea con lo postulado por el Ministerio Público Fiscal.
Tras la acusación del Ministerio Público Fiscal, desde 2009, se determinó que la manera de operar de esta asociación era utilizando a personas físicas y jurídicas para montar una operatoria comercial ficticia que le permitió disminuir o anular cargas tributarias correspondientes a la comercialización de cereal y obtener, de esa forma, beneficios económicos en perjuicio del erario público.
El juicio había comenzado a principios de marzo de 2021, en tanto que el alegato de la Fiscalía General concluyó a mediados de mayo, cuando se pidieron penas de hasta ocho años de prisión para quince de las personas que llegaron al debate acusadas de integrar una asociación ilícita, evasión y retención de tributos por la actividad desplegada en distintas localidades de la provincia de Córdoba, como Río Tercero, San Agustín y Despeñaderos, y también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cabe remarcar que el volumen operado del dinero que manipulaban, según los cálculos que se realizaron, había superado a los $ 1.500 millones.
Por otro lado, el MPF había postulado cinco absoluciones y la extinción de la acción penal en torno a una imputada que falleció durante el transcurso del juicio, lo que así se resolvió.