Una investigación por presuntos casos de grooming, abuso y explotación sexual contra adolescentes de Villa de María del Río Seco, en el norte de Córdoba, derivó en nueve detenciones y ahora también tiene una derivación política: entre los acusados se encuentra José Aníbal Ricardo Villarreal, quien figuraba como asesor del legislador oficialista Ramón Ernesto Flores.
Villarreal está detenido y fue imputado por abuso sexual con acceso carnal, una de las acusaciones más graves dentro del expediente. La causa está a cargo de la fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede, quien investiga cómo fueron contactadas las adolescentes y qué participación tuvo cada uno de los sospechosos.
“Pudimos determinar que había hechos denominados grooming, que es el contacto con menores con fines sexuales”, explicó Cepede.
La causa se inició luego de que la familia de una adolescente denunciara que no había regresado a su casa. La joven finalmente fue localizada y, a partir de la revisión de su teléfono celular, aparecieron conversaciones, imágenes y contactos de contenido sexual con distintos hombres adultos.
Según la investigación, los primeros datos permitieron identificar a varios sospechosos y derivaron en siete detenciones a fines de julio. Luego se ordenaron dos nuevas capturas, que se concretaron el sábado pasado en Villa de María del Río Seco.
De esta manera, son nueve los detenidos que permanecen alojados en el complejo penitenciario de Cruz del Eje mientras avanza la etapa de instrucción.
La investigación, además, se amplió. Inicialmente había una adolescente en el centro del expediente, pero la fiscalía ya identificó a otras dos posibles víctimas, por lo que ahora son tres las chicas incorporadas a la pesquisa.
Los investigadores no descartan que puedan aparecer más víctimas o nuevos implicados. Para eso, la fiscalía avanza con el análisis de los teléfonos celulares secuestrados durante los procedimientos.
Cómo habría funcionado el contacto
De acuerdo con los investigadores, los adultos habrían contactado a las adolescentes mediante mensajes y les habrían solicitado imágenes de desnudos. En algunos casos, los contactos habrían avanzado hasta encuentros presenciales.
Las imputaciones no son iguales para todos los detenidos. En los casos en los que se habría acreditado el contacto digital con finalidad sexual, la acusación contempla el delito de grooming. En aquellos en los que la investigación habría reunido elementos sobre encuentros y contacto sexual, se avanzó con imputaciones por abuso sexual con acceso carnal.
Por el momento, la Justicia no habría detectado una organización criminal estructurada. Según los investigadores, los números de teléfono de las adolescentes circulaban entre hombres que se conocían o compartían ámbitos cotidianos.
La fiscalía busca determinar ahora si detrás de esa dinámica existía algún mecanismo organizado de captación, intercambio o explotación. El análisis de las comunicaciones será clave para establecerlo.
La vulnerabilidad de las adolescentes
Otro de los aspectos que analiza la investigación es la situación de vulnerabilidad social de las adolescentes y sus familias.
Según fuentes vinculadas a la causa, los ingresos familiares serían muy bajos y, en algunos casos, dependerían de asignaciones sociales. La investigación también detectó presuntas contraprestaciones económicas por fotografías solicitadas a las adolescentes.
Los investigadores pudieron establecer hasta ahora pagos de hasta $80.000 por imágenes, aunque continúan trabajando para determinar el alcance de esas operaciones.
Para la fiscalía, las condiciones de vulnerabilidad de las chicas constituyen un elemento relevante para comprender cómo los adultos investigados habrían logrado establecer contacto y ejercer influencia sobre ellas.
El vínculo con la Legislatura de Córdoba
Uno de los puntos que generó mayor impacto fue la situación de Villarreal, quien aparece entre los nueve detenidos.
Según documentación de la Legislatura y fuentes consultadas en el marco de la investigación, Villarreal figuraba como asesor del legislador departamental por Río Seco, Ramón Ernesto Flores, integrante de Hacemos Unidos por Córdoba.
Flores reconoció que Villarreal había trabajado vinculado a su espacio, aunque aclaró que se desempeñaba para el bloque y que ya no mantenía relación contractual al momento de conocerse públicamente la causa.
La situación también fue mencionada por la fiscal Cepede. Según explicó, Villarreal figuraba como asesor del legislador, aunque la investigación apunta a establecer qué tareas realizaba efectivamente.
“Este hombre lo que hacía era trabajar para el legislador en tareas del campo y tareas domésticas”, señaló la fiscal. Y agregó: “No nos consta si realmente trabajaba en la Legislatura”.
En ese sentido, la investigación judicial busca determinar la naturaleza de su vínculo laboral y las funciones que cumplía mientras figuraba en la nómina de asesores.
Villarreal había aparecido además en enero de 2025 en la Legislatura, cuando los contratados fueron convocados para realizar un trámite de certificación de sus funciones. En aquella oportunidad, había respondido ante una consulta periodística sobre el procedimiento.
La investigación continúa
Con nueve detenidos, tres adolescentes identificadas como posibles víctimas y el análisis de numerosos teléfonos celulares, la causa continúa en etapa de instrucción.
La fiscalía trabaja para determinar la responsabilidad individual de cada acusado y no descarta que puedan surgir nuevos involucrados o más víctimas a medida que avance el análisis de la prueba.
